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Gobierno de Colombia firmó contrato de urgencia con la misma empresa a la que le negó la licitación para expedir los pasaportes

Pasaporte colombiano
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El contrato quedó en manos de Thomas Greg & Sons, compañía que venía prestando el servicio y a la que no le fue otorgado el contrato en la licitación pública.

Este lunes, el Gobierno de Colombia, en cabeza la Cancillería anunció que firmó un nuevo contrato de urgencia con la empresa Thomas Greg & Sons para la expedición de los pasaportes, documento obligatorio en la mayoría de los países para los viajeros colombianos.

Dado que este lunes se venció el contrato con esa misma empresa, esa dependencia de Gobierno hizo uso del recurso de urgencia manifiesta para adjudicar de manera directa un contrato provisional mientras se prepara un nuevo proceso de licitación.

De esa manera, el Gobierno, al adjudicar este nuevo contrato que tendrá una duración de un año, busca que no se paralice el trámite en el país. Cabe resaltar que en Colombia se expiden una serie de 175 mil pasaportes mensualmente.

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El pasado miércoles 13 de septiembre, la Cancillería de Colombia, en cabeza del ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva, declaró desierto el proceso de licitación para adjudicar el contrato de expedición de pasaportes.

En una primera instancia, el aplazamiento se dio por presunto favorecimiento a la empresa Thomas Greg and Sons, actual contratista y único oferente.

A su vez, el pasado 5 de septiembre, cuando se tenía planeada su adjudicación, el ministro Leyva pidió tiempo para revisar las demandas, documentos y las alertas de la Procuraduría y Contraloría en el proceso.

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Con esta decisión se garantizan los derechos fundamentales de los ciudadanos colombianos a entrar y salir del país, a elegir y ser elegidos, como también los derechos de los eventuales proponentes que pudieron haber participado en este proceso, a la libre concurrencia y a la igualdad de trato y de oportunidades, y especialmente al derecho de unos y otros a la dignidad humana como derecho síntesis, piramidal en nuestro Estado social de derecho”, declaró para ese entonces la Cancillería.


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