Sin tolerancia al vandalismo: así contempla el Gobierno de De la Espriella regular la protesta social e intervenir ante actos violentos
El Ministerio del Interior publicó el borrador de un decreto de 24 artículos que busca regular el ejercicio de la protesta social y redefinir los protocolos de actuación de la Policía Nacional ante desmanes o alteraciones del orden público en Colombia.
La iniciativa gubernamental surge semanas después de que el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, advirtiera que el Ejecutivo no tolerará actos de vandalismo en las inmediaciones ni en el interior de las universidades públicas del país.
El proyecto normativo pretende corregir los vacíos conceptuales del Decreto 003 de 2021, orientando sus disposiciones a la protección del abastecimiento de insumos básicos y a la garantía de los servicios esenciales durante las jornadas de movilización.
El texto legal estipula que la mediación mantendrá prioridad frente a las marchas pacíficas, sin que esta disposición impida el despliegue de acciones policiales individuales contra sujetos que recurran a la violencia.
“La regla de privilegiar el diálogo constituye una preferencia de medios respecto de la manifestación en su conjunto, y no un requisito previo que condicione, suspenda o posponga las actuaciones de intervención dirigidas individualmente contra quienes ejecuten actos de violencia o porten armas”, precisa la articulación redactada por el Ministerio del Interior.
De acuerdo con el documento, los uniformados quedan facultados para hacer uso proporcional de la fuerza sin dilaciones ante la presencia de armas de fuego, elementos cortopunzantes, sustancias explosivas, retención ilegal de personas o agresiones contra misiones médicas y de prensa.
Asimismo, la normativa aclara que los gestores de convivencia sostendrán canales de comunicación directos con las marchas, con la posibilidad de reanudar las mesas de concertación una vez cesen los enfrentamientos en las vías públicas.
La formulación de esta política de la administración de Abelardo de la Espriella busca dotar de seguridad jurídica a la fuerza pública y frenar el impacto económico por causa del cierre sistemático de carreteras en los corredores logísticos del territorio nacional.
