Tribunal Supremo de EE. UU. autoriza a Trump a reactivar las deportaciones de migrantes a terceros países: ¿qué viene ahora?
El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este martes a la Administración de Donald Trump a reanudar temporalmente las deportaciones de migrantes hacia terceros países, inclusive cuando esas naciones no sean sus lugares de origen.
La decisión suspende una orden de un tribunal inferior que bloqueó esta práctica al pensar que los migrantes debían tener una oportunidad para argumentar que pueden enfrentar persecución o tortura en el país al que serían enviados.
El Supremo, no obstante, no resolvió todavía la legalidad definitiva de la política y programó los argumentos del caso para el mes de diciembre.
La medida deja que el Gobierno norteamericano siga usando una herramienta central de su política migratoria al momento en que avanza el proceso judicial. Según documentos del caso, la Administración Trump envió migrantes a países como El Salvador, Libia y Sudán del Sur, pese a que no tuvieran vínculos con esas naciones.
El conflicto judicial se originó luego de que el juez federal Brian Murphy, de Massachusetts, determinara que el procedimiento usado por el Gobierno no garantizaba a los migrantes el correspondiente proceso necesario para cuestionar su expulsión cuando existiera riesgo de persecución o tortura en el tercer país.
El Gobierno de Trump apeló esa decisión y solicitó la intervención del Supremo. El tribunal aceptó suspender temporalmente el fallo mientras analiza el caso de fondo. La Corte de Apelaciones del Primer Circuito respaldó anteriormente la decisión de Murphy, al ver que los migrantes requieren mayores garantías previo a ser enviados a terceros países.
La legislación de Estados Unidos permite determinadas expulsiones a países diferentes al de origen, pero contempla obligaciones que tengan relación con la posibilidad de que una persona sea perseguida o sometida a tortura en el destino. Ese punto será parte de la disputa ante el Supremo.
La Administración Trump asegura que las restricciones impuestas por los tribunales dificultan la expulsión de personas que, según el Ejecutivo, son una amenaza para la seguridad pública. En sus argumentos ante el Supremo, el Gobierno defendió la necesidad de contar con más facultades para ejecutar las deportaciones.
Los abogados de los migrantes, en cambio, aseguran que la suspensión de la orden judicial no debería permitir expulsiones sin que las personas tengan la posibilidad de demostrar sus argumentos acerca de los riesgos que enfrentarían. La disputa, por tanto, gira también en torno al alcance del debido proceso en los procedimientos migratorios.
La política ya fue usada para deportar a más de 25.000 migrantes hacia 29 países, según cifras citadas por Reuters a partir de organizaciones de derechos humanos.
La resolución conocida este martes no significa aún un fallo definitivo acerca de la legalidad de las deportaciones a terceros países. El Supremo escuchará los argumentos en diciembre y luego tendrá que pronunciarse por el alcance de esta política migratoria.
