*Por Arturo McFields Yescas
La democracia en Nicaragua sigue siendo mutilada. Daniel Ortega guillotinó de un plumazo las personerías jurídicas de las cámaras de construcción, turismo, textiles, energía, etcétera. A todas las considera un enemigo.
Por encima de la ley. El tirano de Nicaragua pisoteó el artículo 98 de la Constitución de la República que le manda “proteger, fomentar y promover las formas de propiedad y de gestión económica y empresarial privada”. Eso para él es letra muerta.
Un nuevo acto de venganza. Ortega decidió decapitar la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), la organización gremial más grande y antigua del país. Un aparente castigo por no respaldar la brutal masacre de 2018.
¿Cómo rayos llegamos hasta aquí?
Por décadas el sector privado fue una voz valiente y critica del sandinismo. Sabían en carne propia que Ortega era sinónimo de muerte y confiscación. Sin embargo, en 2007 el Comandante volvió al poder y les hizo una oferta que no podían rechazar.
Durante los primeros 11 años, Ortega y el gran capital edificaron la Alianza Tripartita entre gobierno, empresarios y trabajadores. Los empresarios hacían buenos negocios, mientras Ortega se comía a mordiscos la institucionalidad de todo el país.
Un espejismo temporal
El tirano les dio a los empresarios estabilidad, previsibilidad y bajos impuestos, pero a cambio ellos vendieron su alma al diablo. El sector privado abogó para frenar sanciones contra el dictador y respaldó sus “buenas credenciales” en Washington, asegurando que el diablo no es tan malo como lo pintan.
En 2014, ante el inicio de algunos conflictos, Ortega elevó el Modelo de Alianza a rango Constitucional. El dictador garantizó negocios sin huelgas, sin confiscaciones y con obscenas excepciones fiscales. Nada podía romper este matrimonio perfecto. En 2017, Ortega lo dijo así: “Aquí somos un solo gobierno, trabajadores, empresarios y el Estado”.
Ortega mintió. En 2018 el estallido social y la posterior masacre de 350 personas, demostró que en Nicaragua solo mandan él y su esposa. En 2021 los empresarios quisieron volver al status quo, pero era demasiado tarde, Ortega había comenzado a arrestar, confiscar y exiliar a los inversionistas y finalmente a ilegalizar sus organizaciones.
Nadie esta salvo en una dictadura
Ortega y los grandes empresarios tenían una relación de primer piso. Sin intermediarios y sin irritaciones. Pero en una dictadura nadie está a salvo y los privilegios tienen fecha de caducidad.
Tras el fin de la Alianza, la dictadura implantó la imprevisibilidad, la inseguridad jurídica y altísimos impuestos. No existe clima de inversión. Ha muerto. Los empresarios que una vez apoyaron al régimen hoy son encarcelados, exiliados y desterrados.
Ortega sigue disfrutando del CAFTA
Pese a la persecución religiosa, violaciones a los derechos humanos y las confiscaciones, Ortega sigue gozando de los beneficios del Acuerdo de Libre Comercio con Estados Unidos (CAFTA). Su permanencia en el Acuerdo es ofensiva y envía un mensaje de impunidad al tirano de Nicaragua y a toda Centroamérica.
A Ortega se le acaba el tiempo y las opciones
El dictador ve un enemigo detrás de cada arbusto. Ha demostrado que tiene miedo y recursos para destruir cualquier tipo de organización que se le interponga en el camino. Ha decapitado a más de 3mil oenegés y ahora también a las cámaras empresariales.
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A pesar de esta ominosa realidad, la esperanza no ha muerto. El último Informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas ha generado esperanzas de justicia. En Nicaragua se han cometido crímenes de lesa humanidad y por primera vez se señala individualmente las responsabilidades de la pareja en el poder.
Al régimen se le está acabando el tiempo y las opciones. Su brutalidad quizás se incremente, pero su tiempo se le esta está agotando. Hay esperanza y también habrá justicia.
*El autor fue Embajador de Nicaragua ante la OEA, es periodista y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega (FK).
