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Viernes, 20 de noviembre de 2026
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Minería ilegal

Golpe frontal de De la Espriella contra grupos criminales: explosivas imágenes de la destrucción de maquinaria usada en minería ilegal

La orden del presidente Abelardo de la Espriella es cortar esa fuente de financiación de grupos terroristas.

La Sexta Brigada del Ejército y CORTOLIMA intensificaron los operativos frente al avance de grupos armados ilegales, mientras las autoridades alertan por asonadas y amenazas contra funcionarios ambientales.

Las Fuerzas Armadas de Colombia mantienen una ofensiva frontal contra la extracción ilícita de oro, teniendo al departamento del Tolima como uno de sus principales epicentros.

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Municipios como Ataco, Chaparral, Mariquita y Casabianca permanecen bajo vigilancia constante por parte de la Sexta Brigada del Ejército y la corporación ambiental CORTOLIMA. Gracias al despliegue de estrategias de seguridad, estas entidades propinaron golpes contundentes a las redes criminales mediante millonarias incautaciones de combustible y la destrucción de maquinaria pesada que operaba sin licencia.

El panorama ambiental en el territorio tolimense revela un impacto ecológico devastador. Evaluaciones técnicas de las autoridades confirmaron la pérdida de 232 hectáreas de cobertura vegetal en zonas de reserva, lo que fractura la conectividad biológica y la estabilidad del suelo.

Además, la operación masiva de maquinaria amarilla en cuencas vitales como las de los ríos Atá, Saldaña y Gualí ha alterado sus cauces naturales, afectado la calidad del agua y modificado de manera crítica el lecho de estos afluentes.

Más allá del daño ecológico, la problemática representa un complejo desafío de orden público debido a la injerencia de actores armados. De acuerdo con reportes del Ministerio de Defensa y la Gobernación del Tolima, en estas zonas confluyen disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, grupos que financian sus actividades a través de la explotación minera y convierten la situación en una amenaza directa para la seguridad nacional y la estabilidad social de la región.

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Al respecto, Olga Lucía Alfonso, directora de Cortolima, advirtió que desde el primer semestre de 2024 la entidad ha alertado sobre esta crisis y denunció amenazas contra sus funcionarios, especialmente en Ataco y el sur del departamento.

La directiva señaló que los operativos conjuntos con la Policía se han visto obstaculizados por asonadas de más de 500 personas que rodean las retroexcavadoras para evitar su decomiso, una situación alimentada por el asentamiento de entre 3.000 y 4.000 personas instaladas en cambuches dentro de las zonas de explotación. Sin embargo, aclaró que las autoridades ordenaron un desalojo durante los últimos días.


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