Justicia acusa a la expresidenta Cristina Fernández y a su hijo Máximo de aumentar un 12.000 % el patrimonio de su empresa hotelera mediante lavado de activos
La expresidenta de la Nación Argentina Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner enfrentaron este viernes la lectura formal de los cargos fiscales durante la primera audiencia del juicio oral del caso ‘Hotesur-Los Sauces’, donde el Ministerio Público los acusó de elevar en más de un 12.000 % el patrimonio de sus empresas hoteleras mediante maniobras sistemáticas de lavado de activos.
Durante el desarrollo de la sesión celebrada ante el Tribunal Oral Federal N°5 de Buenos Aires en la cual los principales imputados intervinieron de forma telemática debido al arresto domiciliario cumplido por la exmandataria desde junio de 2025, los fiscales detallaron que el capital neto de la sociedad inmobiliaria Los Sauces se disparó de manera injustificada entre los años 2006 y 2016.
De acuerdo con el dictamen probatorio expuesto en estrados, el esquema delictivo estuvo diseñado para canalizar fondos provenientes del direccionamiento irregular de la obra pública vial y civil en la provincia de Santa Cruz, con el registro de que el 88 % de la facturación de las firmas familiares provino de empresas constructoras controladas por operadores allegados al poder político kirchnerista.
“La Justicia argentina consolida el juzgamiento de las redes de corrupción sistémica que sustrajeron miles de millones de pesos del erario para enriquecer ilícitamente a la familia presidencial”, señalaron fuentes judiciales al evaluar el avance de los debates para la sentencia de los cargos.
La acusación fiscal responsabiliza de manera directa a la exgobernante de haber dirigido la estructura de reciclaje financiero y blanqueo de capitales, mientras que al legislador se le imputa el rol de organizador de la asociación ilícita, en un proceso que sienta en el banquillo a una veintena de empresarios y exfuncionarios.
La contundencia de los elementos probatorios presentados en este juicio reafirma la independencia de los poderes públicos y la firmeza del Estado de derecho en la persecución de los delitos de cuello blanco.
El esclarecimiento de las maniobras de corrupción institucional resulta indispensable para restaurar la probidad en la gestión pública y garantizar la vigencia de la justicia en la región.
