Sin máscaras ni cerrojos estatales: Tribunal federal tumba de forma permanente las restricciones de California contra el ICE
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) obtuvo este jueves una orden judicial permanente que bloquea la aplicación de leyes estatales de California orientadas a restringir los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con el cierre de la controversia judicial abierta tras el intento estatal de regular la actuación de las fuerzas del orden federales.
De acuerdo con el comunicado oficial del Departamento de Justicia, la medida cautelar definitiva impugna normas que afectaban “la capacidad de los agentes federales para proteger su identidad y desempeñar sus funciones oficiales”, dentro de la acción legal promovida por el Ejecutivo federal contra las limitaciones impuestas por el Estado Dorado.
La resolución de Snyder limita las disposiciones contenidas en las secciones 7288 y 7289 del Código de Gobierno de California, además de las secciones 185.5 y 13654 del Código Penal del estado, normativas que habían establecido requisitos obligatorios de identificación visible para los agentes, con la prohibición de usar máscaras y coberturas faciales opacas durante sus operaciones.
“Dichas restricciones amenazan la seguridad de los agentes federales, quienes han enfrentado una ola sin precedentes de acoso, divulgación de información personal e incluso violencia”, argumentó el Departamento de Justicia.
Estas leyes surgieron en California en respuesta a las redadas del ICE que sacudieron al estado en junio del año pasado, operativos ejecutados en comunidades y centros de trabajo, lo cual desató fuertes protestas y enfrentamientos policiales en distintas ciudades del país, en especial en zonas con alta población inmigrante.
La decisión judicial representa un capítulo más en la continua disputa entre el Gobierno federal y California sobre políticas migratorias, en la que el Estado Dorado ha mantenido históricamente posturas protectoras hacia la población inmigrante, mediante diversas medidas para limitar la cooperación con autoridades federales de inmigración.
La resolución permanente de este caso establece que las autoridades federales pueden continuar sus operaciones sin las restricciones impuestas por California, un desenlace que probablemente generará reacciones tanto de defensores de derechos de inmigrantes como de partidarios de una aplicación más estricta de las leyes migratorias federales.