Tribunal revocó tutela que frenaba los bombardeos ordenados por De la Espriella en Colombia
Este miércoles 28 de octubre, la Presidencia de la República reveló los detalles de la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que revocó el fallo de tutela que imponía restricciones adicionales a los bombardeos de las Fuerzas Militares en zonas donde pudiera haber menores de edad reclutados por grupos armados ilegales.
De acuerdo con el comunicado del Gobierno nacional, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Bogotá, mediante providencia del pasado 23 de octubre, revocó el fallo emitido el 16 de septiembre por el Juzgado 34 de Familia de Bogotá, relacionado con la planeación y ejecución de operaciones aéreas contra estructuras criminales.
En su decisión, el Tribunal declaró improcedente la acción de tutela y dejó sin efectos la medida provisional que había limitado determinadas operaciones aéreas ante la información sobre la posible presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados por organizaciones armadas ilegales.
Cabe recordar que, a comienzos de septiembre, el Juzgado 34 de Familia de Bogotá había ordenado abstenerse de ejecutar operaciones aéreas ofensivas contra objetivos sobre los que existiera información verificable acerca de la presencia de menores reclutados o utilizados por estos grupos, mientras se adoptaban las medidas de protección correspondientes. La determinación buscaba evitar que los menores fueran expuestos a los riesgos de los bombardeos.
Sin embargo, el Tribunal fundamentó su decisión en el incumplimiento de los requisitos procesales de la tutela. Según explicó la Presidencia, no se identificaron personas determinadas ni operaciones concretas que permitieran establecer una amenaza inminente. Además, señaló que las pretensiones colectivas y estructurales debían tramitarse mediante otros mecanismos judiciales.
Con esta decisión, las Fuerzas Militares podrán continuar planeando y ejecutando operaciones aéreas sin las restricciones adicionales impuestas dentro de este proceso. No obstante, el Gobierno aclaró que estas acciones deberán desarrollarse dentro del marco constitucional y legal, con observancia de los principios de distinción, proporcionalidad y precaución establecidos en el derecho internacional humanitario.
Finalmente, el Gobierno reiteró que el reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales constituyen graves violaciones de sus derechos y aseguró que la prevención de este delito y la protección integral de las víctimas continuarán siendo prioridades de las instituciones del Estado.
