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Unidad Nacional de Protección ordenó retirar los esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y del influencer Beto Coral: esto se sabe

Sirena de la policía, imagen de referencia - Canva
Sirena de la policía, imagen de referencia - Canva
La decisión puede ser objeto de apelación por parte de Guerrero y Coral, quienes tienen un plazo de 10 días para presentar un recurso de revisión sobre la decisión que acaba de tomar la UNP.

Se conoció que la Unidad Nacional de Protección (UNP) tomó la decisión de ordenar el retiro de los esquemas de seguridad de Juliana Guerrero y del youtuber conocido como Beto Coral, quien llegó a Colombia luego de ser expulsado de los Estados Unidos.

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La decisión puede ser objeto de apelación por parte de Guerrero y Coral, quienes tienen un plazo de 10 días para presentar un recurso de revisión sobre la determinación que acaba de tomar la UNP.

Los esquemas de seguridad que actualmente tienen estas dos personas, cercanas al Pacto Histórico, fueron aprobados durante el gobierno del presidente Petro, por el entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez.

Juliana Guerrero enfrenta una imputación de cargos por parte de la Fiscalía, que la acusa de presuntamente presentar títulos falsos de la Universidad San José en su hoja de vida para posesionarse como viceministra de las juventudes.

Además, enfrenta otras denuncias por aparentemente obtener réditos económicos por el trámite de contratos en entidades del Estado durante la anterior administración.

Por otro lado, el youtuber Coral fue deportado desde Estados Unidos y su caso ha sido presentado por el gobierno Trump como un supuesto abuso de la normativa de asilo de ese país.

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La decisión de la nueva cúpula de la entidad se enmarca en una revisión general de los esquemas otorgados durante los últimos meses del gobierno saliente. Fuentes cercanas al proceso aseguran que se priorizarán los casos de líderes sociales, periodistas y personas con riesgo extraordinario real, mientras que se eliminarán aquellos que carezcan de sustento técnico o que respondan a criterios políticos.

El retiro de estas medidas vuelve a poner bajo escrutinio la forma en que fueron asignados algunos esquemas de seguridad durante la administración anterior y el uso de recursos públicos para proteger a personas vinculadas políticamente con el petrismo.


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