Vente Venezuela denuncia que el régimen secuestró arbitrariamente a Antonio Delgado, líder opositor en Trujillo que padece graves afecciones de salud
La mañana de este sábado, funcionarios adscritos a los cuerpos de seguridad ejecutaron el secuestro y detención arbitraria de Antonio Delgado, coordinador del movimiento Vente Venezuela en el municipio Sucre del estado Trujillo, quien fue trasladado de manera inmediata hacia la sede policial ubicada en La Beatriz, en el municipio Valera.
El dirigente político, reconocido como uno de los rostros más visibles de la organización democrática en la entidad andina y baluarte del liderazgo en el Eje Panamericano zona sometida a constantes presiones y fuertes tensiones institucionales, había encabezado recientemente una de las movilizaciones ciudadanas desarrolladas a escala nacional.
La aprehensión del activista enciende las alarmas de las organizaciones defensoras de derechos humanos debido a su delicada condición médica, ya que Delgado padece artrosis severa, inflamación crónica en una de sus extremidades inferiores y afecciones intestinales, patologías que sitúan su integridad física en un grave e inminente peligro bajo las condiciones de reclusión impuestas.
“Mientras las instancias del poder central pregonan falsas narrativas de diálogo y supuestas flexibilizaciones institucionales, el régimen de Delcy Rodríguez continúa demoliendo las garantías fundamentales y persiguiendo sistemáticamente a la disidencia”, denunciaron portavoces de la organización política.
La acción represiva perpetrada contra el coordinador municipal evidencia la persistencia de las prácticas de hostigamiento judicial y policial contra los liderazgos regionales que articulan la resistencia democrática en el territorio venezolano.
El cese inmediato de la persecución política y la liberación incondicional de todos los presos de conciencia constituyen exigencias irrenunciables para la restitución del orden constitucional y el respeto a los derechos humanos en el país.
La desproporcionada respuesta de los cuerpos de seguridad frente a dirigentes civiles pacíficos confirma la profunda erosión del Estado de derecho y la vigencia de métodos coercitivos contra la libertad de asociación y expresión.
