Nuevos señalamientos contra de Zapatero en España: Investigadores detectaron cobros por supuestas intermediaciones en Bolivia
NTN24 conoció en primicia un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), adscrita a la Policía Nacional de España, que reporta un cobro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por 200.000 euros para intermediaciones irregulares ante el gobierno izquierdista de Luis Arce en Bolivia entre el 2024 y el 2025.
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Las autoridades españolas investigan una organización criminal liderada supuestamente por Rodríguez Zapatero, que aparentemente se “dedicaba al ejercicio de influencias de carácter ilícito a favor de clientes, los cuales remunerarían dichos servicios, justificando los pagos a través de contratos de asesoría simulados”.
“Esta influencia habría sido ejercida ante autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, y como remuneración, José Luis Rodríguez Zapatero habría recibido 200.000 euros de la sociedad peruana Focus Social Research”, detalla el documento.
El documento judicial incluye algunos elementos probatorios de los contactos de alto nivel que habría tenido Rodríguez Zapatero con funcionarios del Gobierno del ahora expresidente de Bolivia, Luis Arce.
Entre las pruebas destaca una toma de pantalla de una conversación por chat entre la entonces ministra de la Presidencia de Bolivia, María Nela Prada, y la secretaria personal de Zapatero, Gertrudis Alcázar.
En su informe, los investigadores están detallando cronológicamente las gestiones irregulares que habría realizado el expresidente del Gobierno de España y su entorno para conseguir contactos entre altos funcionarios del gobierno boliviano y la empresa peruana que le habría pagado los 200.000 euros.
Los recientes señalamientos vuelven a situar a Zapatero a la cabeza de un entramado delincuencial.
“En las presentes diligencias previas se investiga una organización criminal liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, dedicada al ejercicio de influencias de carácter ilícito a favor de clientes, los cuales remunerar dichos servicios, justificando los pagos a través de contratos de asesoría simulados”, añade el texto judicial.
