Abelardo de la Espriella propone beneficios judiciales a procesados por corrupción que delaten a implicados del Gobierno Petro
El presidente Abelardo de la Espriella, propuso a los organismos de administración de justicia la evaluación de esquemas de negociación penal para los procesados e investigados por actos de corrupción ocurridos durante la anterior administración.
Durante una alocución transmitida a nivel nacional, el jefe de Estado solicitó formalmente el otorgamiento de beneficios y penas atenuadas a aquellos detenidos que se arrepientan y aporten pruebas materiales que permitan desarticular las cadenas de desfalco a las arcas del Estado.
El pronunciamiento gubernamental tuvo lugar como respuesta directa al fallo emitido por el Consejo de Estado, el alto tribunal que decretó la pérdida de investidura o “muerte política” del expresidente del Congreso de la República, Iván Name.
La alta corte sancionó al excongresista por su implicación directa en la red de direccionamiento de contratos y distribución de coimas al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), esquema utilizado durante el quinquenio anterior para elegir voluntades legislativas.
"Le pido a la justicia que evalúe la posibilidad de ofrecer negociaciones para que los actuales investigados, que fueron parte de la cadena de corrupción del anterior gobierno, colaboren a cambio de beneficios, pero si entregan las pruebas. A los corruptos en las cárceles y a los que serán procesados les digo: arrepiéntanse, piensen en sus familias y tendrán un castigo atenuado por la colaboración", aseveró el presidente Abelardo de la Espriella.
En el desarrollo de la intervención pública, el mandatario enfatizó que la sanción aplicada contra Name constituye un precedente complejo e histórico para la institucionalidad del país, remarcando que el dictamen emana de manera autónoma del poder judicial.
En el desarrollo de la intervención pública, el mandatario enfatizó que la sanción aplicada contra Name constituye un precedente complejo e histórico para la institucionalidad del país, remarcando que el dictamen emana de manera autónoma del poder judicial.
La propuesta de la Casa de Nariño incentiva el uso de principios de oportunidad y acuerdos de delación premiada, condicionando cualquier rebaja de sanción a la devolución efectiva de los dineros sustraídos y al señalamiento con evidencia contundente de los determinadores de la corrupción administrativa.
