De la Espriella revoca delegados en diálogos con el ELN y cuestiona millonarios honorarios: “Se acabó la falsa paz”
El presidente Abelardo de la Espriella anunció la revocatoria de la designación de los representantes del Gobierno nacional que participaron en la mesa de diálogos con el ELN y volvió a marcar distancia con la política de ‘paz total’ implementada durante la administración de Gustavo Petro.
El mandatario cuestionó, además, los recursos destinados a quienes participaron como voceros, representantes y negociadores en ese proceso. Según afirmó, Parmenio Cuéllar Bastidas, Álvaro Jiménez Millán, Feliciano Valencia y Gloria Cecilia Arizabaleta recibieron en conjunto alrededor de $7.000 millones en honorarios durante los últimos cuatro años.
“A algunos de esos negociadores que hoy estoy revocando […] les pagaron $7.000 millones de pesos por ayudar a una falsa paz que no trajo sino terrorismo, sangre y muerte”, sostuvo De la Espriella.
El presidente aseguró que estos recursos fueron destinados a un proceso que, desde su perspectiva, no produjo los resultados esperados en materia de seguridad y que, mientras avanzaban las conversaciones, las estructuras armadas continuaron con sus actividades criminales.
La decisión hace parte del giro que el nuevo Gobierno viene adelantando frente a los procesos de diálogo heredados de la administración de Gustavo Petro. De la Espriella ha insistido en que, durante su mandato, las organizaciones armadas no tendrán reconocimiento político, contemplaciones ni beneficios derivados de negociaciones que, según el Ejecutivo, no conduzcan al abandono efectivo de las actividades criminales.
“En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad”, sostuvo el mandatario.
La determinación se suma al cierre de otros procesos de diálogo que el Gobierno ya había anunciado con estructuras armadas vinculadas a alias ‘Calarcá’, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, relacionada con los denominados Comandos de Frontera, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
Con estas decisiones, la administración de De la Espriella busca desmontar parte de los mecanismos de diálogo establecidos durante la denominada política de ‘paz total’ y reemplazarlos por una estrategia que prioriza la autoridad estatal, el sometimiento a la justicia y la acción de la Fuerza Pública contra las organizaciones que continúen utilizando las armas.
El mandatario ha planteado que quienes abandonen la criminalidad podrán acudir a los mecanismos de sometimiento establecidos por la ley, mientras que quienes persistan en acciones violentas deberán enfrentar a las autoridades.
Asimismo, el anuncio sobre los delegados en los diálogos con el ELN ocurre en medio de una situación de seguridad compleja en distintas regiones del país. Uno de los hechos recientes que ha marcado la agenda del Gobierno fue el ataque con drones contra instalaciones militares en Ocaña, Norte de Santander, atribuido por las autoridades al ELN y que dejó militares muertos y heridos.
En ese escenario, De la Espriella ha endurecido su discurso frente a las organizaciones armadas y ha reiterado que su Gobierno no reconocerá legitimidad política a grupos que continúen desarrollando actividades criminales.
“Se acabó la falsa paz”, afirmó el presidente, al defender el cierre de estos espacios y la revocatoria de los delegados que participaron en los diálogos con el ELN.
