Fiscalía de Colombia judicializó a alias Calarcá, máximo cabecilla del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc
La Fiscalía General de Colombia judicializó a Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, identificado como el máximo cabecilla del Bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de las Farc, por su presunta responsabilidad en múltiples crímenes de lesa humanidad cometidos en cinco departamentos del país.
Una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales formuló imputación de cargos como persona ausente contra alias Calarcá, a quien se señala como responsable de homicidios colectivos, crímenes contra firmantes del Acuerdo de Paz, desaparición forzada, tortura y reclutamiento ilícito de menores.
Los delitos imputados habrían ocurrido en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá, Huila y Tolima, regiones donde el Bloque Jorge Suárez Briceño mantiene presencia e influencia sobre comunidades rurales.
Asimismo, entre los cargos específicos formulados por la Fiscalía se encuentran concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, secuestro simple, desaparición forzada agravada, tortura en persona protegida y reclutamiento ilícito, delitos que configuran graves violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.
Cabe aclarar que el Bloque Jorge Suárez Briceño es una de las estructuras más poderosas de las disidencias de las Farc, conformadas por grupos que rechazaron el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la entonces guerrilla de las Farc-EP, o que posteriormente abandonaron el proceso de reincorporación.
Asimismo, la judicialización de alias Calarcá representa un golpe significativo contra esta estructura criminal, responsable de mantener economías ilegales en amplias zonas del sur y centro del país, principalmente relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión.
Los crímenes contra firmantes del Acuerdo de Paz constituyen uno de los aspectos más graves de la imputación, teniendo en cuenta que Colombia enfrenta una crisis de seguridad para los excombatientes que dejaron las armas y se acogieron al proceso de paz, muchos de los cuales han sido asesinados en los últimos años.
La Fiscalía colombiana, bajo la dirección de Luz Adriana Camargo Garzón, ha intensificado las acciones judiciales contra cabecillas de grupos armados ilegales con el propósito de desarticular las estructuras de mando de organizaciones criminales que operan en el territorio nacional.
Finalmente, la imputación como persona ausente permite que el proceso judicial avance sin la presencia física del acusado, lo que facilita que, en caso de captura, se continúe directamente con las siguientes etapas procesales, sin necesidad de repetir la formulación de cargos.
