Ministro de De la Espriella reveló que grupos armados han solicitado negociar con el Gobierno: "Se les ha contestado que no hay ninguna negociación"
El Gobierno de Colombia, en cabeza de Abelardo de la Espriella, mantiene una postura firme frente a las solicitudes de negociación de grupos armados organizados.
Durante su visita al departamento de Santander, el ministro de Justicia, Iván Cancino, reveló que diversos cabecillas y dirigentes de estas organizaciones han solicitado formalmente iniciar conversaciones con el Ejecutivo.
La revelación del funcionario pone de manifiesto el interés de algunas estructuras criminales por buscar alternativas legales a sus actividades.
Sin embargo, el Gobierno ha respondido de manera categórica a todas estas solicitudes con una negativa consistente, condicionando cualquier posibilidad de diálogo a la aprobación del marco legal correspondiente.
"Se les ha contestado por escrito que no hay ninguna negociación, ni hay estatus político, ya lo veremos cuando se apruebe la ley de sometimiento", declaró el ministro Cancino, dejando clara la posición oficial del Gobierno frente a estas peticiones.
La Ley de Sometimiento, actualmente en trámite legislativo, se perfila como el único mecanismo a través del cual estos grupos podrían eventualmente establecer acuerdos con el Estado. Esta normativa representaría el marco jurídico necesario para regular los procesos de desmovilización y reinserción de miembros de organizaciones criminales.
Respecto a los posibles beneficios solicitados por los grupos armados organizados, el ministro fue enfático en señalar que el Gobierno ha trazado líneas rojas infranqueables. "El estado ya les ha contestado, que tienen que esperar la ley de sometimiento, no estatus político, no suspensión de orden de captura, no suspensión de extradiciones y bueno, todos los puntos que ustedes ya conocen que se hicieron públicos", puntualizó Cancino.
Esta declaración resulta especialmente significativa en un contexto donde diversos grupos armados organizados continúan ejerciendo control territorial en distintas regiones del país, particularmente en zonas donde convergen economías ilícitas relacionadas con el narcotráfico, la minería ilegal y otras actividades criminales.
La postura del Gobierno señala que no habrá atajos ni tratamientos especiales para estas organizaciones. La negativa a otorgar estatus político marca una diferencia sustancial con procesos de paz anteriores, clasificando a estas estructuras estrictamente como organizaciones criminales sin motivaciones políticas.
