Por medio de nuevas regulaciones, la Unión Europea buscará endurecer las medidas contra la migración en su territorio
Este lunes, el Consejo de la Unión Europea reunido en Bruselas llevó a cabo una serie de acuerdos en torno al Reglamento de Retorno que comenzará a regir en junio de 2026.
De acuerdo con lo informado, en medio de este encuentro se estableció la creación de “centros de retorno” en terceros países para migrantes a los que no se les haya aprobado la solicitud de asilo, junto con contundentes sanciones a todos aquellos ciudadanos extranjeros que se nieguen a abandonar el territorio europeo luego de ser notificados.
Esto significa que los 27 países miembros de la Unión Europea podrán hacer el retorno de un migrante a los denominados “países seguros”. Esto significa que no será devuelto directamente a su nación de origen, sino a cualquier otro país que haya tenido tránsito en su camino a Europa, aun cuando este no haya residido allí.
"El acuerdo de hoy permitirá que tanto la UE como uno o más Estados miembros lleguen a un acuerdo con un tercer país sobre centros de retorno", indicó el ministro de Exteriores danés, Rasmus Stoklund.
Esta sería la base inicial con la que el territorio europeo busca crear los centros de detención de migrantes en países seguros, un acto que tiene establecido que se lleve a cabo por medio de acuerdos bilaterales entre las naciones pertenecientes a la UE y aquellos países no comunitarios.
La implementación de esta nueva regulación rompería el esquema que hasta la fecha se maneja, el cual ordena que debe existir una “conexión significativa”, la cual establece una relación directa entre el solicitante de asilo rechazado y el país al que se retornará, manteniendo temas relacionados con su nacionalidad, residencia anterior o el vínculo familiar.
Para que estas nuevas medidas con las que la UE busca reducir el índice de inmigrantes irregulares lleguen a ser aplicadas, deberán pasar por el Parlamento Europeo.
Durante este encuentro, países como España y Francia no estuvieron de acuerdo con estas medidas, señalando que esto podría implicar la violación de derechos humanos.
"Entraña riesgos políticos, sociales y constitucionales", manifestó la ministra delegada de París, Marie-Pierre Vedrenne, en medio del debate de la normativa.
Por su parte, el primer ministro español señaló que estas medidas pueden llegar a “romper la integridad” del pacto migratorio.
