Orden de captura en contra de exministro del gobierno de Gustavo Petro por presunta corrupción en la UNGRD
En un documento firmado por la magistrada Diana Patricia Mojica, se formalizó la orden de captura en contra del exministro del Interior, Luis Fernando Velasco Chávez, quien enfrenta un juicio por su presunta participación en los hechos que rodearon el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Este documento fue emitido después de que se presentara una medida de aseguramiento privativa de la libertad, consistente en detención domiciliaria, contra el exministro del Interior.
El acta contiene los datos de identificación de Velasco Chávez, sus rasgos y su profesión, así como la información del proceso penal por el cual se ordenó su captura para que cumpla la detención en su domicilio, en la ciudad de Cali.
Según la orden de captura No. 2026-001, el exministro enfrenta un proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar y ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos.
Estos hechos, según lo que se evidencia en el documento, se presentaron entre mayo de 2023 y febrero de 2024.
Velasco, quien estuvo privado de la libertad en un centro carcelario durante ocho meses, ha manifestado que nunca tuvo injerencia en estos hechos, que son materia de investigación.
Mientras tanto, para la Fiscalía General de la Nación, teniendo en cuenta las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y de la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, a mediados de 2023 los entonces ministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco habrían utilizado sus cargos de manera indebida para ordenar el desvío de millonarios contratos de la UNGRD y del Invías.
Esto, con el fin de beneficiar a un grupo de congresistas que hacían parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, para que avalaran proyectos y reformas en los que el Gobierno Petro tenía gran interés.
Cabe aclarar que, según la Fiscalía, con la figura de los “cupos indicativos”, los ministros habrían avalado el desvío de contratos en Cotorra (Córdoba), El Salado (Bolívar) y Saravena (Arauca), avaluados en 90.000 millones de pesos, para que fueran repartidos entre los congresistas.
Asimismo, según la investigación, cobran importancia los chats entregados por la exasesora del despacho del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, quien conversó en varias ocasiones con senadores y representantes a la Cámara que pusieron sobre la mesa sus propuestas para convocar a la sesión y dar su voto favorable.
Finalmente, la Fiscalía General de la Nación también tiene copias de las minutas de las sedes de los ministerios, ubicadas a pocas cuadras del Congreso de la República, en el centro de Bogotá, así como videos de las recepciones en los que se ve la llegada de varios congresistas.
Según el ente, estas visitas no tendrían una justificación, pero sí coincidían con la instalación de sesiones en las que se iban a debatir las reformas pensional y de salud impulsadas por el Gobierno Petro.
