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Asilo

España impone visas a ciertas nacionalidades para enfrentar crisis en el aeropuerto de Madrid

Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Foto EFE
Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas - Foto EFE
A partir del 19 de febrero, España exigirá una visa de tránsito a los ciudadanos de Senegal, la cual se suma a la implementada el pasado 20 de enero para los de Kenia.

Desde hace varios meses, ciudadanos de países africanos tienen colapsado el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, adonde han llegado haciendo tránsito hacia otros países y se han quedado para pedir asilo, quedando varados en los pasillos o en las salas de inadmitidos.

Ante esta situación, las autoridades españolas anunciaron que exigirán una visa de tránsito a los senegaleses que hagan escala en el país, con el objetivo de frenar la congestión en Barajas.

La embajada de España en Senegal informó que esta medida entrará en vigor el 19 de febrero y se sumará a la implementada el pasado 20 de enero para los viajeros originarios de Kenia.

A esto se suma la solicitud que ha hecho España a Marruecos de no permitir el embarque a senegaleses que pretendan viajar o hacer escala en la península sin visa Schengen, lo anterior mientras se oficializa la solicitud de una visa de tránsito a esta nacionalidad desde el 19 de febrero.

Las autoridades migratorias han señalado que los ciudadanos de países africanos como Senegal, Marruecos, Somalia, así como de Venezuela y Colombia, son quienes más solicitan asilo en Madrid.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) ha manifestado su preocupación por la situación en el aeropuerto, señalando que el hacinamiento e insalubridad han alcanzado puntos críticos.

Ante esta problemática, las autoridades buscan controlar el flujo de personas y garantizar unas condiciones adecuadas para los solicitantes de asilo.

Con esta medida, las autoridades españolas esperan reducir la congestión en el aeropuerto y agilizar el proceso de solicitud de asilo para aquellos que realmente lo necesiten.

El objetivo es garantizar un trato digno y respetuoso a los solicitantes de asilo, al tiempo que se protege la capacidad de respuesta de las autoridades y se evita una sobrecarga del sistema.


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