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Juez de Bogotá ordena al Museo Nacional restituir en 48 horas las 63 obras de arte retiradas por orden del Gobierno colombiano

Entrada al Museo Nacional-Foto EFE
Entrada al Museo Nacional-Foto EFE
La resolución judicial otorgó un plazo perentorio de 48 horas al Ministerio de las Culturas para reinstalar las piezas históricas descolgadas durante la contraofensiva cultural del Gobierno.

Un juez de Bogotá ordenó este miércoles al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional de Colombia restituir en un plazo máximo de 48 horas las 63 piezas de arte y objetos históricos que fueron retiradas de sus salas el pasado 15 de octubre.

La decisión fue emitida por el juez 24 de Familia de la capital, César Enrique Osorio Ortiz, al resolver la acción de tutela interpuesta por el congresista Gabriel Becerra. El fallo dispone la reinstalación inmediata de la totalidad de los elementos en los espacios donde se encontraban exhibidos y exige a ambas entidades estatales abstenerse de remover obras futuras bajo pretextos vinculados con su contenido ideológico o político.

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La controversia se originó tras la directriz del Gobierno de retirar de la muestra pública diversas piezas asociadas a reivindicaciones de movimientos feministas, colectivos LGBTI, memorias de la violencia política y el acuerdo de paz de 2016, una medida enmarcada institucionalmente en la denominada “contrarrevolución cultural”.

Entre las piezas afectadas por la medida figuraban símbolos como una bandera del orgullo de activistas sociales, afiches alusivos a campañas políticas históricas y el emblemático bolígrafo utilizado para la firma de los acuerdos de paz.

Mientras sectores de la oposición y defensores de derechos humanos celebraron la decisión judicial como un triunfo para la pluralidad de la memoria histórica, la ministra de Cultura, Paola Holguín, había defendido previamente el retiro de los objetos con el argumento de que los espacios públicos estatales deben preservar la neutralidad institucional frente al debate político.

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La protección de la pluralidad cultural y el respeto a la memoria histórica en los recintos públicos deben desarrollarse en consonancia con el marco constitucional y el ordenamiento jurídico vigente.

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