"Las personas por ser migrantes no pierden sus derechos básicos, no se justifica una detención": vicepresidente de CIDH sobre política migratoria de EE.UU. y El Salvador
Andrea Pochak, vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuestionó la política migratoria de Estados Unidos y El Salvador.
“Las personas por ser migrantes no pierden sus derechos básicos" y la situación irregular "por sí sola no justifica una detención", advirtió Pochak.
Esta argentina de 51 años, también relatora de movilidad humana de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), sostuvo, además: “hay que tener en cuenta que estas políticas migratorias adoptadas en Estados Unidos a través de la gestión de Trump no son absolutamente nuevas, sino que se inscriben en una tendencia desde hace muchos años”.
Continuó: “La Comisión interamericana es muy clara en cuestionar estas políticas (...) Nos preocupa mucho la situación de las expulsiones masivas que no permiten que cada persona pueda hacer valer sus derechos. Algunas personas tienen documentación regular, estatus de refugiado”.
“Nos preocupa mucho que Estados Unidos ha interrumpido el programa de relocalización de refugiados. Solo se podrá recibir a las personas que se asimilen a la cultura y a la sociedad estadounidense, como si los extranjeros debieran asimilarse (...) El concepto de asimilación es muy contrario al derecho a la igualdad”, acotó.
Al ser consultada sobre cómo valora que cientos de venezolanos fueran expulsados a El Salvador bajo la acusación de ser pandilleros sin un juicio, Pochak fue enfática.
“No existe ninguna prueba de que las personas expulsadas pertenezcan a una pandilla, hay que ver caso a caso, por eso las expulsiones masivas están prohibidas por el derecho internacional”, consideró.
“Estamos haciendo seguimientos específicos, que son reservados en este momento. Tenemos intercambios tanto con El Salvador como con Estados Unidos y también con Panamá”, recalcó.
“Los países tienen la facultad de definir sus políticas migratorias pero no pueden ser contrarias a los compromisos internacionales en derechos humanos”, insistió.
