Organización venezolana en Massachusetts demanda al gobierno de Estados Unidos por eliminación del parole otorgado a migrantes
Una organización venezolana en Massachusetts ha presentado una demanda contra el gobierno federal de Estados Unidos por su decisión de poner fin al programa CBP-One, que desde 2023 ha permitido la entrada legal de más de 900,000 personas al país.
La medida, anunciada en abril de 2025, revoca los permisos de trabajo y la elegibilidad para ciertos beneficios de miles de migrantes que ingresaron legalmente a través de este programa.
La demanda, interpuesta ante el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts por Democracy Forward y el Instituto de Reforma Jurídica de Massachusetts, argumenta que esta decisión amenaza con desestabilizar a familias que llegaron cumpliendo todas las reglas establecidas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
"Como organización hemos presenciado de primera mano el daño directo que esta repentina política infringe a las personas que llegaron legalmente. Cumplieron con todos los requisitos del DHS, incluido el proceso de CBP-One, que se esforzaron por construir una vida estable para sus familias", indicaron.
El programa CBP-One, implementado en 2023, requería que los no ciudadanos que buscaban asilo u otro alivio migratorio utilizaran una aplicación móvil para programar citas en los puertos de entrada. Tras la inspección de funcionarios de inmigración, a algunos se les concedía el parole humanitario, un permiso temporal para residir legalmente en el país.
La organización demandante sostiene que "Reiteramos la libertad condicional y la autorización de trabajo sin una revisión individualizada. No solo es ilegal, sino que desestabiliza a las familias, debilita a nuestras comunidades y socava la confianza que los inmigrantes depositan en el sistema legal", afirmaron.
El Departamento de Seguridad Nacional notificó a miles de beneficiarios en abril de 2025 que debían abandonar Estados Unidos de forma inmediata, una decisión que ha generado preocupación y controversia entre las comunidades de migrantes y las organizaciones que los apoyan.
La demanda busca revertir esta decisión y proteger los derechos de los migrantes que ingresaron al país cumpliendo con todos los requisitos legales. La organización venezolana ha expresado su compromiso de "apoyarlos y luchar para garantizar la protección de sus derechos."
