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ONU Venezuela

"Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos": portavoz del Alto Comisionado de DD.HH. de la ONU tras expulsión de Venezuela

Ravina Shamdasani aseguró que los principios rectores de la oficina “han sido y seguirán siendo la promoción y protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”.

Ravina Shamdasani, portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se pronunció este jueves 15 de febrero sobre la expulsión de la Oficina Técnica de Asesoría de la agencia de la ONU en la que trabaja por orden del régimen de Venezuela.

“Lamentamos este anuncio y estamos evaluando los siguientes pasos a seguir. Continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas”, afirmó en un correo electrónico enviado a NTN24.

Es de mencionar que la medida del régimen se produce dos días después de que la agencia de las Naciones Unidas expresara su "profunda preocupación" por la detención de la destacada activista de derechos humanos Rocío San Miguel y pidiera su "liberación inmediata".

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También se da luego de que Michael Fakhri, relator especial de la ONU, emitiera un informe en el que se expresaba preocupado por la crisis alimentaria que se vive en Venezuela.

"La inseguridad alimentaria, la malnutrición y el deterioro de los medios de subsistencia ya han provocado la emigración masiva del país", afirmó. "El futuro de Venezuela está en juego", aseguró.

La Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se instaló en Venezuela en 2019, cuando la expresidenta Michelle Bachelet ocupaba esa posición.

Su labor principal consiste en "brindar apoyo para la implementación efectiva de las recomendaciones emitidas" en los informes que el alto comisionado presenta al Consejo de los Derechos Humanos. Desde 2019, suman al menos seis reportes sobre la situación en Venezuela.

La determinación del régimen fue anunciada por el canciller Yván Gil, quien indicó que el personal de la oficina deberá abandonar el país en un plazo de 72 horas, "hasta tanto rectifiquen públicamente ante la comunidad internacional su actitud colonialista, abusiva y violadora de la Carta de las Naciones Unidas".

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Agregó que la determinación fue tomada debido al "impropio papel que esta institución ha desarrollado, que lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el bufete particular de los grupos golpistas y terroristas que permanentemente se confabulan contra el país".


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