Congreso de Nicaragua, manejado por el dictador Daniel Ortega, dice que reforma sobre las elecciones prohibirá que "golpistas" y "traidores" participen en los comicios
El Congreso de Nicaragua, controlado por el régimen de Daniel Ortega, aseguró que medida para excluir a la oposición de las elecciones en Nicaragua vetará expresamente la participación de "golpistas" y "traidores a la patria".
La Asamblea Nacional, controlada por los Ortega Murillo, prevé aprobar a inicios de septiembre los cambios a la Constitución solicitados por Ortega para impedir la participación de opositores que, según él, estén al servicio de Estados Unidos.
El exguerrillero y dictador de 80 años y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.
La pareja, en el poder desde hace casi dos décadas, considera esas movilizaciones como un "intento de golpe de Estado" patrocinado por Estados Unidos.
Durante una reunión con los mandos del Ejército para informar sobre el proyecto, el jefe del Legislativo, Gustavo Porras, dijo que el "primer elemento" es la reforma del artículo sobre los derechos ciudadanos para postular en comicios.
Con este cambio ordenado por Ortega, la Constitución establecerá que "no podrán ser candidatos a cargos de elección popular, ni podrán ejercer cargos públicos (...) los golpistas" y "los que hayan incurrido en actos que menoscaban la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación de Nicaragua", dijo Porras.
Asimismo, dijo Porras, excluirá a "los traidores a la Patria" y a quienes "viven pidiendo intervención militar", que "aplauden y piden sanciones para todos nosotros", todo esto en referencia a opositores exiliados a quienes llamó "demonios".
Por su parte, el jefe del Ejército, Julio César Avilés, aseguró que la reforma tiene el "firme respaldo" de las Fuerzas Armadas.
Cuando recibió le reforma por parte de Ortega, Porras dijo que la reforma además ampliará el periodo presidencial de seis a siete años "prorrogables", lo que según líderes opositores supone enterrar las elecciones.
El texto completo de la controvertida iniciativa no ha sido difundido aún por la Asamblea ni por el gobierno de Ortega.
