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Migración

Juez federal de EE. UU. anula la reforma de Donald Trump que endurecía las visas para estudiantes y periodistas extranjeros

Casa Blanca- Canva
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El magistrado Dennis Saylor determinó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó de manera arbitraria al intentar imponer límites fijos de estancia a los titulares de visas académicas y de prensa.

Un juez federal de los Estados Unidos anuló este lunes una normativa impulsada por el Gobierno del presidente Donald Trump que pretendía endurecer los requisitos y plazos de estancia para estudiantes extranjeros y representantes de medios de comunicación internacionales, al considerar que los nuevos procedimientos de prórroga resultaban arbitrarios.

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El magistrado Dennis Saylor, del distrito de Massachusetts, acogió los argumentos presentados por organizaciones educativas y sindicales que impugnaron la disposición propuesta en julio, al dictaminar que el Departamento de Seguridad Nacional actuó de forma “arbitraria y caprichosa” y “contraria a la ley” al formular la reforma migratoria.

La medida gubernamental afectaba directamente a las categorías de visado F (estudiantes académicos), J (estudiantes de intercambio) e I (periodistas extranjeros), con la fijación de un límite máximo de cuatro años por periodo de admisión para los estudiantes y la restricción de la permanencia de los corresponsales a 240 días o 90 días en el caso de ciudadanos con pasaporte chino, bajo un esquema de renovación que el tribunal estimó excesivamente discrecional.

Aunque la Administración Trump sustentó la directriz en la necesidad imperativa de combatir el fraude migratorio y resguardar la seguridad nacional mediante una fiscalización más estricta sobre el tiempo de permanencia de ciudadanos foráneos en territorio norteamericano, el fallo judicial concluyó que el Ejecutivo no logró justificar adecuadamente la proporcionalidad de los cambios ni sus implicaciones sobre la movilidad académica.

La sentencia se produce tras la suspensión cautelar dictada por el mismo juzgado el pasado 14 de septiembre, decisión que ya había sido apelada por el Gobierno federal ante una instancia superior y cuyo trámite continuará abierto para definir el alcance de las facultades ejecutivas en materia de control migratorio.

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Por su parte, la resolución judicial fue celebrada por las organizaciones educativas que impugnaron la medida desde su anuncio, al argumentar que vulneraba derechos fundamentales y obstaculizaba el intercambio académico y periodístico internacional.

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