¿Miembros de la ‘primera línea’ recibirán apoyo económico del Gobierno?
Horas después de la firma de un decreto que da luz verde al proceso de excarcelación masiva de algunos integrantes de la llamada ‘Primera línea’ y que recibirían también el calificativo de “gestores de paz”, diversos sectores políticos piden claridad sobre quien o quienes recibirán ese salario de un millón de pesos y de dónde saldrán tales recursos.
Desde dos ángulos diferentes, el congresista Andrés Forero y el vicepresidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, Rubén Darío Acosta analizan la conveniencia o no de otorgar beneficios económicos a los denominados “gestores de paz”, un calificativo que conecta a los agitadores vinculados con delitos dentro del paro nacional del 2021 con la nueva cifra de personas mencionada por el presidente Gustavo Petro.
El representante a la cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, resaltó en que es necesario precisar a quien y por qué van dirigidos dichos recursos que saldrían del bolsillo de los colombianos. “No puede ser que habiendo tantos jóvenes cumplidores de la ley que se han mantenido en el marco legal y constitucional no reciban ninguna ayuda, que sean olvidados alguna vez por el estado. En cambio, estos que de una u otra manera han delinquido o transgredido las leyes pues terminen siendo beneficiados”. Al mismo tiempo, exhortó a aclararle al país en qué consiste su nueva iniciativa. “El gobierno aún no ha sido claro en cuáles serían los criterios de selección”.
El abogado Rubén Darío Acosta, vicepresidente del Colegio de abogados penalistas, quien manifiesta su aprobación a la propuesta del gobierno, asegura que las personas actualmente judicializadas no superan el número de 300 y que los posibles beneficiarios por participar en el programa de “gestores de paz” que serían 100 mil, “ni siquiera el 0,03 por ciento representarían el universo de jóvenes que estén allí”. El penalista también insistió en que el gobierno ha hecho énfasis en que no serán beneficiados quienes hayan cometido delitos graves. “Acá tocaría sacar de la lista por ejemplo a aquellos que estén por terrorismo, por tortura, concierto para delinquir”.
Mientras el congresista Forero hizo cuentas y señaló que la ayuda ofrecida les costaría a los colombianos cada año la alta cifra de 1.2 billones de pesos, Acosta insistió que no es la primera vez que el Estado utiliza una figura similar.
Redacción por Harriet Hidalgo
