Tras "eliminación de alcabalas", denuncian que policías en Santa Elena de Uairén despojan mercancía a camiones que llevan alimentos a comunidades indígenas
La eliminación de alcabalas en Venezuela ordenada por la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, no ha erradicado un tema de fondo: la corrupción dentro de los cuerpos policiales.
Una nueva denuncia pone dicho asunto sobre la mesa. En Santa Elena de Uairén, capital del municipio Gran Sabana (estado Bolívar), se han registrado varias retenciones y despojos de mercancía a camiones con alimentos por parte de funcionarios policiales.
En ese contexto, transportistas y habitantes de la frontera en el estado Bolívar han reportado que, a pesar de los anuncios oficiales sobre la reducción o eliminación de alcabalas tradicionales, persisten controles arbitrarios en rutas clave como la Troncal 10.
Los vehículos que abastecen a poblados pemones y sectores vulnerables quedan expuestos a decomisos de carga bajo argumentos discrecionales de los cuerpos de seguridad.
Es de conocimiento público que el temor hacia los funcionarios del régimen en Venezuela se fundamenta en el uso sistemático de la represión y la pérdida de la garantía del debido proceso.
A esto se le suman las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos documentadas por organismos internacionales.
Cuerpos de "seguridad" como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Policía Nacional Bolivariana (PNB), entre otros, han sido señalados por actuar recurrentemente de manera irregular.
Asimismo, han sido cuestionados por ejecutar detenciones arbitrarias y tratos crueles contra disidentes políticos, activistas y ciudadanos.
La confianza en los funcionarios públicos en Venezuela está muy debilitada debido a la corrupción generalizada.
