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Nicolás Maduro

Redes sociales y “comunicación popular”: Régimen venezolano avanza en dos frentes para aumentar la hegemonía

Foto AFP
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El CNP y el SNTP denuncian que no han sido atendidos para presentar sus observaciones sobre estas normativas.

2022 ha sido quizá uno de los últimos años donde más se han revocado licencias a emisoras de radio, lo que coincide con la iniciativa de llevarle a Maduro la Ley de Comunicación Popular para que ejecute la “Gran Misión Comunicación Popular”. A la par, diputados oficialistas piden avanzar en la “Ley de Regulación del Redes Sociales”.

Ésta última pretende que cada individuo se haga responsable de lo que escribe en sus perfiles y que haya en Venezuela una oficina de las grandes corporaciones en redes sociales para que gestionen reclamos como el cierre de cuentas a personalidades del gobierno. 

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En su declaración más reciente, el diputado de la asamblea controlada por el chavismo, Juan Carlos Alemán, aseguró que están diseñando una “ley de redes sociales”, para estar a la par de países como España, Alemania, Ecuador y Argentina.

“Controlar o, mejor dicho, hacer una legislación que norme el uso de las redes no significa controlar, tú eres responsable de lo que dices, pero debes tener una regulación. Además, las grandes plataformas de redes no tienen oficina en el país, ¿Cómo le hago un reclamo? Deben tener en el país una oficina de representación. Planteamos que legislar esa materia no implica controlar sino regular el uso de las redes sociales".

En la misma sintonía, Alemán promueve llevar la Ley de Comunicación Popular a Maduro. El secretario del Colegio Nacional de Periodistas, seccional Caracas, Edgar Cárdenas, aclara que esta normativa ya fue sancionada el 28/12/2015 y que salió en Gaceta extraordinaria 6207.  

La novedad es que animaría a Maduro a crear la “Gran Misión Comunicación Popular” que según el mismo diputado “busca proteger e impulsar todo lo relacionado con el desarrollo de la acción comunicacional en el país”.

Durante una entrevista con el canal del Estado, explicó que se persigue "normar la organización, funcionamiento y articulación de las iniciativas de las comunidades organizadas, los movimientos y organizaciones sociales, para la comunicación participativa, protagónica y emancipadora".

Y lanzó un dato más revelador al afirmar que “la Gran Misión relanzará las 243 radios comunitarias, los 55 medios impresos y las 24 televisoras comunitarias”, en un momento en que las licencias revocadas a sus operadores superan las 40 solo este año. 

Tanto el Colegio Nacional de Periodistas como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denuncian que no han sido atendidos para presentar sus observaciones sobre estas normativas, y que tampoco se han publicado los borradores de los proyectos. 


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