Departamento del Tesoro de EE. UU. flexibiliza algunas sanciones contra el régimen venezolano para "apoyar" en la "recuperación económica" tras los terremotos
La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una declaración de aplicación que facilita la prestación de servicios financieros en Venezuela, con el objetivo de apoyar la "recuperación económica" y los esfuerzos de ayuda humanitaria tras recientes terremotos en el país sudamericano.
Esto significa una flexibilización de las sanciones contra el régimen venezolano, en medio del tutelaje de Washington sobre Caracas.
La medida, fechada este 27 de julio de 2026, representa un cambio significativo en el enfoque de Estados Unidos hacia el régimen venezolano.
FinCEN, en consulta con el Servicio de Impuestos Internos y otras agencias reguladoras federales, se comprometió a no tomar "ninguna acción supervisora, incluyendo citar una violación de ley, o perseguir ninguna acción de aplicación" contra instituciones financieras estadounidenses relacionadas con requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA) como resultado de proporcionar servicios financieros autorizados en Venezuela.
La declaración reconoce que las instituciones financieras estadounidenses pueden enfrentar desafíos para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones bajo la BSA, la Ley USA PATRIOT y otras normativas mientras apoyan la recuperación económica y los esfuerzos de ayuda tras los terremotos en Venezuela.
Esta política temporal se aplicará a servicios financieros proporcionados por instituciones financieras estadounidenses a personas o entidades en Venezuela desde el 27 de julio de 2026 hasta el 29 de enero de 2027, un período de seis meses.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro emitió múltiples autorizaciones relacionadas con sanciones destinadas a apoyar la recuperación económica y los esfuerzos de ayuda humanitaria en Venezuela, incluyendo la Licencia General 60 (GL 60) y la Licencia General No. 57 (GL 57).
Para beneficiarse de este compromiso, las instituciones financieras deben cumplir tres condiciones: estar actualmente en cumplimiento con los requisitos del programa de la Ley de Secreto Bancario y continuar esfuerzos razonables de cumplimiento; no haber sido sujeto de una acción de aplicación final con FinCEN o su regulador federal principal en los 24 meses anteriores que involucre violaciones de requisitos BSA; y permanecer en cumplimiento con cualquier regulación y autorización de sanciones administradas por OFAC.
La declaración especifica que este compromiso está "destinado a reconocer que las instituciones financieras que ejercen cuidado razonable para evitar violaciones de los requisitos BSA aplicables en apoyo de la recuperación económica de Venezuela y los esfuerzos de ayuda tras terremotos no son penalizadas por acciones distintas a violaciones conscientes, deliberadas o intencionales" de cualquier requisito BSA.
La medida refleja el interés del gobierno de Estados Unidos en "proporcionar rápidamente ayuda humanitaria y promover rápidamente la estabilidad financiera y la recuperación económica en la región", según el documento oficial.
