ONG asegura que el régimen cubano reforzó la vigilancia digital “vulnerando directamente el derecho a la privacidad” del pueblo
El régimen cubano de Miguel Díaz-Canel aumentó los “ciberpatrullajes”, según el Primer Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba, realizado por la organización no gubernamental Prisioners Defenders.
Caren Herrera, directora jurídica de Prioners Defenders, expresó que estos “ciberpatrullajes” “operan sin controles, sin autorización judicial y sin límites claros, vulnerando directamente el derecho a la privacidad, la intimidad y la libertad de expresión”.
Asimismo, Herrera, dijo que todas “estas prácticas eliminan cualquier expectativa razonable de privacidad”. “Este patrón demuestra que en Cuba las comunicaciones privadas no están protegidas”, expresó.
El documento presentado viene acompañado de 200 testimonios de víctimas que tanto dentro como fuera del país actúan bajo un sistema denominado “Big Brother”, el cual consiste en imponer un sistema de vigilancia masiva y control gubernamental, controlando a los ciudadanos a través de tecnología.
Actualmente el régimen quiere desarticular “redes sociales, cívicas y políticas independientes, como forma de sometimiento”.
En ese orden de ideas, en una encuesta realizada por la organización, el 46,5% manifestó haber experimentado una intervención directa de sus comunicaciones en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, una acción que constituye a “un componente central de un modelo de control político”.
En su totalidad casi el 99% de los encuestados manifestó ser víctima de “sanciones o amenazas”, según los datos recogidos los perjudicados son mayormente los activistas con un 51%, familiares de presos políticos con un 33,5%, seguido de periodistas independientes con 15%.
Los patrones de vigilancia que detalló Prisioners Defenders son los “ciberpatrullajes”, observación sistemática de publicaciones y comunicaciones, y los cortes selectivos de internet, donde la mayoría se presentan cuando ocurren protestas y otras fechas consideradas como “sensibles”.
Seguido de estos patones, está la "intrusión digital coercitiva", donde las fuerzas armadas del régimen presionan a las víctimas para desbloquear sus teléfonos, sin órdenes judiciales, interviniendo en conversaciones privadas.
Por otro lado, las personas han detectado que en sus redes sociales hay sesiones abiertas desde ubicaciones desconocidas, después del procedimiento “intrusión colectiva”.
“Es tremendo el nivel de autocensura”, hay “terror en la población por publicar en redes o incluso hablar por WhatsApp”, concluyó y lamentó el presidente de la ONG, Javier Larrondo, durante la presentación del informe.
