ONU advierte sobre uso de recursos del Estado en Nicaragua para vigilar y hostigar a opositores en exilio
Un Grupo de Expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dio a conocer por medio de un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos que el régimen de Nicaragua liderado por Daniel Ortega y Rosario Murillos mantiene una “extensa” red trasnacional con recursos del Estado dedicada a vigilar, intimidar y hostigar a opositores en exilio.
“La represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua bajo el control de la familia Ortega-Murillo”, expresó Jan-Michael Simon, presidente de este grupo de expertos.
Según el informe presentado al Consejo de Derechos Humanos, estas arbitrariedades han contado con el apoyo de instituciones estatales.
“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, añadió.
De acuerdo con los expertos, en este informe soportado con entrevistas y material documental, se ha logrado establecer que desde el año 2018 estas actividades por parte del régimen de Ortega hacia los opositores estarían siendo financiadas con “fondos públicos” mediante el desvío de recursos.
“El mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos”, señaló Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos.
En el informe también se detalla que, por medio de “inteligencia y vigilancia”, se ha monitoreado, intimidado y atacado a “cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero” por la “extensa arquitectura transnacional”.
Estas actividades hacia los opositores, de acuerdo con los expertos, estarían siendo lideradas por “estructura de vigilancia” desde “el ejército, la policía, autoridades migratorias, la entidad reguladora de las telecomunicaciones TELCOR, misiones diplomáticas y operadores del FSLN”.
Un claro ejemplo de esta situación, según el expediente entregado por los expertos de la ONU al Consejo de Derechos Humanos, se tiene un registro de 452 personas nativas de Nicaragua, a las cuales el régimen les ha negado de manera arbitraria la nacionalidad. Adicionalmente, a miles de personas exiliadas en el exterior se les ha impedido la renovación de sus documentos y el regreso a su país.
Frente a esta situación, el Grupo de Expertos de las Naciones Unidas señaló que es urgente y muy importante la rendición de cuentas internacional y que el régimen libere a todos los presos políticos y restablezca los “derechos de la sociedad civil”.
