Maduro celebró la Navidad anunciando la “liberación”—en realidad, “excarcelación”—de 99 presos políticos en el marco de su “compromiso con la paz, el diálogo y la justicia”. Una dádiva insuficiente de un déspota en guerra contra su propio pueblo, bajo un régimen que solo dialoga por medio de las balas de la represión, en un país donde la justicia es tan solo una ficción. Un país-cárcel, tanto en las mazmorras del Helicoide como fuera de ellas.
Foro Penal tiene registro de 45 presos excarcelados, no los 99 anunciados. Mientras tanto, más de mil continúan en las prisiones sin garantías procesales, un centenar de ellos menores de edad. Muchos han sido condenados sin pruebas o bien no se ha informado el lugar de detención; o sea, son detenidos-desaparecidos. Es decir, hay más de mil rehenes. En esta misma época navideña, a la par de las excarcelaciones se produjeron nuevas detenciones. Una vez más, la metáfora “puerta giratoria” lo retrata a la perfección: algunos salen, otros entran. Lo que está pendiente es un censo de presos políticos a lo largo del tiempo, una cantidad que hoy no se conoce.
En boca de Maduro, las palabras “paz, diálogo y justicia” son un agravio y una burla al mismo tiempo. No obstante, la prensa europea propensa al apaciguamiento del régimen—por ejemplo, El País y Deutsche Welle—se hizo eco de la propaganda oficialista. Por ello, reportan “99 liberaciones”, subrayan un “gesto de apertura” y afirman que las excarcelaciones comprendieron a personas detenidas durante las protestas “por la reelección de Maduro”.
No puede causar demasiada sorpresa cuando Henrique Capriles también se refirió a “la liberación de presos políticos”, siendo que ninguno de los excarcelados goza de libertad plena. Agregó que se trata de “una clara expresión de voluntad para generar un clima de paz interna”. Son narrativas sin rigor fáctico pero útiles para Maduro; cómplices, en definitiva.
Algo similar ocurre con la economía. El remanido argumento normalizador dice que el colapso de la economía y la consiguiente migración tienen origen en las sanciones a la industria petrolera. Repetido ad nauseam, ello soslaya los estudios sobre el tema que demostraron que la economía ya había experimentado una contracción del 70% en 2016, previo a las sanciones. También ignora que dicha implosión ocurrió simultáneamente con el crecimiento de la persecución política, la represión y las violaciones a los derechos humanos. Es decir, el colapso económico y el éxodo, hasta alcanzar el 25% de la población del país, tienen nombre y apellido: Nicolás Maduro.
Quienes insisten en normalizar la dictadura, sin embargo, diagnostican que el problema de Venezuela a lo largo del tiempo ha sido la oposición, la MUD, el interinato, las sanciones, María Corina por supuesto, ahora Trump, y así otras “causas”. Curiosamente, el problema nunca ha sido Maduro, su política económica y sus crímenes. Ello se explica por un elemental conflicto de interés. El levantamiento de sanciones es prioridad para los tenedores de deuda, hoy depreciada, y sus brókeres, siempre vocales. En otras palabras, quien tiene un interés material específico en el levantamiento de las sanciones—a efectos de revalorizar los bonos de deuda—no puede tener un diagnóstico objetivo.
A raíz del despliegue naval de Estados Unidos en el Mar Caribe, se va instalando el término “invasión”. Petro ensaya dicho recurso retorico con frecuencia: “me opongo a una invasión en el Caribe y en Venezuela”, ha repetido en varias ocasiones durante la semana navideña. Lo paradójico es que, hasta ahora al menos, el único intento de invasión de territorio venezolano ocurrió en mayo de 1967 cuando tropas cubanas desembarcaron en la playa de Machurucuto con el objetivo de tomar el poder. Y el único bombardeo ocurrió el 4 de febrero de 1992 cuando Hugo Chávez intentó un golpe de Estado.
Pues Venezuela hoy está invadida, solo que no por Estados Unidos. Ocurre que “detrás de Maduro están Cuba, Rusia, Irán, China y Hezbollah, proporcionando armas, sistemas de vigilancia y recursos de supervivencia económica. Hacen que el régimen sea más robusto y más brutal”. Así lo dijo Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel.
Pero no se trata de invasiones ni bombardeos. Se trata de usar los instrumentos del derecho internacional aptos para la situación de Venezuela. El Estatuto de Roma de 1998 tipifica los crímenes de lesa humanidad, estableciendo que los mismos son imprescriptibles, de responsabilidad individual y de jurisdicción universal. A su vez, la Doctrina de la Responsabilidad de Proteger de 2005 postula que la soberanía conlleva la responsabilidad de los Estados de proteger a la población de crímenes atroces y violaciones graves de derechos humanos, y que en caso de incumplimiento dicha responsabilidad recae en la comunidad internacional.
Así, contempla la posibilidad de usar la fuerza bajo la autoridad del Consejo de Seguridad. En efecto, no se trata de invadir o bombardear, pero Maduro no parece estar dispuesto a partir por las buenas. Habrá que hacerlo partir por las malas, el derecho internacional está disponible para criminales de su especie.
