El dictador Maduro se quedó sin plata para pagar su defensa en EE. UU.: sus millonarios fondos producto del saqueo a Venezuela están congelados
La defensa de Nicolás Maduro enfrenta un obstáculo financiero inesperado: el abogado Barry Pollack ha solicitado formalmente que el régimen venezolano asuma los honorarios legales de su cliente, cuyas cuentas permanecen congeladas por sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y acusaciones de narcotráfico.
Eduardo Torres, abogado defensor de Derechos Humanos que representa a 37 prisioneros políticos en Venezuela y también fue secuestrado por la dictadura, aseguró en La Noche de NTN24 que el régimen no debería asumir los costos de la defensa de Nicolás Maduro porque “no es presidente de Venezuela” y “perdió las elecciones el 28 de julio de 2024 y luego cometió un fraude enorme".
Torres señaló que los recursos de Maduro provienen de "26 años de saqueo al pueblo venezolano, 26 años de saqueo a las arcas de la República". El abogado venezolano aclaró su posición: "Yo deseo que tenga derecho al abogado de confianza y en definitiva debe pagarlo, pero una cosa es que lo pague y otra cosa es que tenga recursos lícitos para hacerlo".
“Solicito el debido proceso para los presos políticos que tenemos aquí en Venezuela y para los inocentes presos en las cárceles”, indicó. “Acá e Venezuela no hay derecho a la defensa, no hay debido proceso y vulneración del acceso a la justicia”, agregó.
Barry J. Pollack, socio de la firma Harrison Lauren & Werner en Nueva York, cuenta con más de 35 años de experiencia y fue el abogado principal de Julian Assange durante más de una década.
Fuentes especializadas estiman que sus honorarios oscilan entre 1.200 y 2.500 dólares por hora, o hasta un millón de dólares anuales. Su contratación por Maduro generó desde el principio interrogantes sobre el origen del financiamiento.
El politólogo Diego Fandinho describió la situación como “curiosa”. “No deja de ser muy curioso y hasta paradójico que ahora sí invoquen el debido proceso, que ahora el juez que le dé garantías a Nicolás Maduro, a pesar de que él no se la dio a su propio pueblo”, subrayó.
A su vez, indicó que "se les pide a las víctimas, en este caso al pueblo venezolano, que paguen los honorarios del abogado del victimario".
Fandiño señaló que Maduro "está en la lista OFAC o la lista Clinton y eso es una lista de narcotraficantes, de gente que se ha enriquecido con dinero mal habido".
Transparencia Venezuela ha documentado una fortuna de 3.800 millones de dólares atribuible a Maduro, mientras tanto, el salario mínimo venezolano no alcanza un dólar mensual.
La Corte Penal Internacional mantiene una investigación contra Maduro por presuntos crímenes de lesa humanidad. Torres recordó que después del 28 de julio de 2024, el régimen anunció "dos mil cuatrocientos presos políticos en un periodo apenas de dos semanas", una cifra sin precedentes en la región.
