El indignante relato de la esposa y cuñada de dos presos políticos venezolanos que llevan 5 años privados de la libertad por no aceptar una extorsión de la Guardia Nacional Bolivariana
Los hermanos Gabriel Arturo Castellanos y Juan Carlos Castellanos cumplen más de cinco años de detención en Venezuela bajo acusaciones de terrorismo y asociación para delinquir, en un caso que evidencia graves irregularidades procesales y denuncias de tortura sistemática.
La situación de ambos abogados se mantiene en incertidumbre mientras aguardan respuesta sobre la aplicación de la ley de amnistía.
Naivel Benot, esposa de Gabriel Castellanos, relató que el caso inició el 10 de febrero de 2021 cuando Juan Carlos fue detenido arbitrariamente en Ospino, estado Portuguesa, tras negarse a pagar una extorsión solicitada por miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) de Acarigua.
"Al negarse a esta extorsión lo torturaron, le introdujeron un palo de escoba a través de sus partes íntimas", denunció Benot.
Dos días después, el 12 de febrero de 2021, Gabriel Castellanos, abogado egresado de la Universidad de Los Andes, fue detenido sin orden de aprehensión después de denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas contra su hermano.
Desde entonces, ambos hermanos permanecen privados de libertad.
Durante ocho meses, los hermanos Castellanos fueron recluidos en las instalaciones del CONAS de Acarigua, donde, según el testimonio de Benot, "los golpeaban todos los días hasta que mi esposo llegó a convulsionar en varias oportunidades por tantos golpes que le daban con tablas en la cabeza".
Tras su traslado a Caracas, los hermanos fueron imputados por un juez de control en materia de terrorismo, quien presuntamente también solicitó pagos irregulares a la familia.
"Fueron extorsionados por el juez de segundo de control", afirmó Benot, añadiendo que al negarse a estas solicitudes, procedió la imputación formal.
El proceso judicial ha incluido dos juicios en los que, según la familia, se demostró la inocencia de los acusados por falta de elementos de convicción. Sin embargo, el 15 de julio de 2024, la jueza Alejandra Romero del Tribunal Tercero de Terrorismo condenó a ambos hermanos a 30 años de prisión "sin ninguna prueba de convicción", según denunció Benot.
Actualmente, el caso se encuentra en fase de apelación y la familia ha solicitado la aplicación de la ley de amnistía, pero según información extraoficial recibida por los familiares, la solicitud habría sido negada por el tribunal, aunque después de casi un mes no han recibido notificación oficial.
Benot cuestionó la selectividad en la aplicación de la amnistía: "La presidenta encargada, Nancy Rodríguez, habla sobre democracia y sobre paz en el país, y vemos que se ha promulgado una ley que está excluyendo a mis familiares".
