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"Trámite de repatriación obliga a estudiar caso por caso y debe contar con el consentimiento de la persona": Gobierno de Colombia responde al de Ecuador

Fuerzas Armadas de Ecuador intervienen la cárcel Regional del Litoral, en Guayaquil - Foto: EFE
Fuerzas Armadas de Ecuador intervienen la cárcel Regional del Litoral, en Guayaquil - Foto: EFE
A través de un comunicado, el gobierno de Gustavo Petro se pronunció sobre las "declaraciones en las que se ha dado a entender que puede haber un envío de alrededor de 1.500 connacionales (colombianos) privados de libertad en Ecuador".

En el marco de la compleja situación que atraviesa actualmente Ecuador en materia de seguridad, el Ministerio de Justicia y del Derecho, así como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia emitieron un comunicado conjunto.

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"El Ministerio de Justicia y del Derecho está en la disposición de activar el trámite de repatriación de ciudadanos colombianos privados de libertad en la República del Ecuador que se rige por el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves”, inicia el comunicado.

En la notificación, las carteras adjuntas al gobierno que preside Gustavo Petro respondieron a la Administración Noboa ante lo que consideran "declaraciones en las que se ha dado a entender que puede haber un envío de alrededor de 1.500 connacionales (colombianos) privados de libertad en dicho país".

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"El trámite de repatriación de connacionales en el exterior obliga a estudiar caso por caso las solicitudes, ya que este es un proceso individual -no masivo-, que responde a criterios objetivos y que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad”, destaca la redacción.

"Las solicitudes son estudiadas caso a caso, teniendo en cuenta que los criterios para efectuar un traslado por repatriación de personas condenadas son: que la persona haya cumplido al menos el cincuenta por ciento (50%) de la pena; que se presente estado de salud grave, progresivo e irreversible por enfermedad de la persona condenada en el extranjero; o, situación de discapacidad con deficiencia física o mental grave o completa, con dependencia severa o máxima total de la persona condenada; o, que la persona privada de libertad tenga sesenta y cinco (65) años o más; o por estado de salud grave, progresivo e irreversible por enfermedad de los padres, hijos y/o cónyuge o compañero(a) permanente de la persona condenada”, se lee en el documento.

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Asimismo, para los mencionados ministerios "la eventual expulsión de connacionales anunciada en medios de comunicación constituiría una decisión unilateral del Estado ecuatoriano”.

"Esto dejaría sin efectos las decisiones judiciales de sus órganos de justicia en Colombia”, continúa la nota publicada en horas de la noche de este 10 de enero.

"El Gobierno de Colombia confía en que la República del Ecuador tomará las medidas conducentes a preservar los derechos humanos de las personas privadas de libertad en su territorio, sin perjuicio de los trámites de repatriación a que haya lugar (...) El Gobierno de Colombia manifiesta su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y sus instituciones", agrega la misiva.


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