Expresidente Álvaro Uribe es condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria
Tras ser hallado culpable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria inmediata este viernes primero de agosto.
El veredicto fue proferido por la juez 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, quien el lunes 28 de julio acreditó dos de los tres delitos por los que el exmandatario y líder del Centro Democrático fue acusado.
Uribe Vélez, quien gobernó a Colombia durante dos periodos presidenciales entre 2002 y 2010, se enfrenta a la justicia de su país en un largo proceso por los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno simple, este último desacreditado en el fallo de primera instancia.
La pena de 12 años contra el político será de tipo privativa de la libertad domiciliaria. Además de una sanción económica que asciende a los 3.400 millones de pesos colombianos (alrededor de 830.000 dólares) e inhabilidad para ejercer cargos públicos por más de ocho años.
El lunes, cuando se conoció el fallo de la juez Heredia, la defensa del político anunció que la decisión en primera instancia será apelada ante el Tribunal Superior de Bogotá y, si es necesario, se acudirá a la siguiente instancia en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
“La defensa discrepa jurídicamente de las valoraciones expresadas en el sentido del fallo por la juez, las cuales serán debatidas por los canales legales establecidos para ello. Esta no es una decisión definitiva: la presunción de inocencia del expresidente Uribe permanece intacta y aún existen recursos pendientes”, argumentó la oficina del abogado Jaime Granados.
Así las cosas, los abogados del político disponen de cinco días para la apelación y en los próximos días estarían accediendo al recurso legal. En esta parte, el Tribunal Superior de Bogotá deberá decidir si confirma la decisión de la juez Heredia o falla en otra vía, algo que debe ocurrir antes del 16 de octubre de 2025, fecha en la que prescribiría el caso.
De darse una decisión a tiempo en el Tribunal Superior de Bogotá, es posible que el proceso continúe en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la última instancia que tendría el caso y para lo cual se reiniciarían los términos.
En entrevista con NTN24, el exviceministro de Justicia de Colombia Rafael Nieto Loaiza se refirió al panorama judicial del caso y aseguró que “hasta que no se surtan todas las instancias y no se resuelva la última, no hay una condena en firme”.
“Aquí tenemos solamente una decisión en primera instancia que no está en firme y por tanto no se puede asumir que el presidente Uribe es responsable de los delitos por los cuales la juez Heredia condenó en primera instancia”, consideró.
Nieto también mencionó las instancias internacionales que podría acudir el exmandatario tras agotar los recursos ante la justicia de su país y aseguró que “cabe la posibilidad de acudir después al Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
Polémicas jurídicas ante el fallo y condena de la juez Sandra Heredia
Diferentes aspectos del fallo condenatorio emitido por la juez Sandra Liliana Heredia han generado cuestionamientos jurídicos desde diferentes sectores. Uno de los puntos que más ha causado polémica es la validación como prueba de interceptaciones telefónicas que involucran al expresidente Uribe.
Estos seguimientos fueron obtenidos durante investigaciones a otras personas, específicamente al exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba Manyoma. Por esta razón, la defensa del expresidente había alegado durante el proceso que estas interceptaciones se realizaron de manera irregular, al inducir a la Corte Suprema a un error, dado que la orden de seguimiento no estaba dirigida contra Uribe.
Sin embargo, la juez Heredia rechazó los argumentos de la defensa, otorgando validez a estas grabaciones en el proceso judicial.
El abogado penalista Miguel Ávila, en diálogo con NTN24, expresó su preocupación por la inclusión de estas interceptaciones en el juicio. Ávila argumenta que la juez Heredia ha recurrido a la doctrina del "plain view" o "vista simple", un concepto originario del derecho anglosajón, para justificar la admisión de las pruebas.
Según Ávila, esta doctrina permite la utilización de elementos probatorios obtenidos sin una orden judicial, lo que plantea serias dudas sobre su adecuación en el sistema legal colombiano.
¿Cómo inició el caso contra el expresidente Álvaro Uribe?
El inicio del caso por los delitos por los que fue acusado Álvaro Uribe se remontan a febrero de 2012, cuando, en medio de un debate sobre el origen y consecuencias de los grupos paramilitares en Colombia, el senador Iván Cepeda señaló posibles nexos entre el exmandatario y dichas estructuras criminales.
Ante tal acusación, Uribe presentó una denuncia contra Cepeda en la Corte Suprema de Justicia, argumentando que había obtenido de manera irregular testimonios de exparamilitares detenidos en diferentes cárceles del país con el fin de vincularlo con los grupos armados al margen de la ley.
Para el 16 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia decidió cerrar el caso contra Cepeda debido a que no encontró elementos probatorios suficientes para continuar con la causa. No obstante, el máximo tribunal inició una investigación contra Uribe por supuesta manipulación de testigos.
Dos años después, en 2020, la Corte ordenó la detención domiciliaria de Uribe por el caso de manipulación de testigos, lo que lo obligó a renunciar al Senado y su caso pasó a ser manejado por la justicia ordinaria.
Uribe cuestionó su proceso y alegó falta de garantías, pero una jueza decidió para 2022 que el caso debía continuar bajo una nueva jurisdicción y con el exmandatario en libertad.
Aunque la Fiscalía General, bajo la dirección de Francisco Barbosa, solicitó en varias ocasiones archivar, la petición fue rechazada así como otra similar de la Procuraduría en 2022.
El proceso, que se convirtió uno de los casos más mediáticos y polémicos de la historia reciente de Colombia, tuvo un nuevo giro el 9 de abril de 2024 tras la llegada de la juez Heredia al proceso, y la Fiscalía decidió llamar a juicio al exmandatario, el cual inició su etapa oral, con la participación de más de 90 testigos, el 24 de febrero de 2025.
Finalmente, tras casi 16 meses de proceso, Álvaro Uribe fue hallado responsable en primera instancia de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, una decisión que tras la apelación de la defensa tendrá que ser revisada por el Tribunal Superior de Bogotá.
