Esta semana quedó claro dónde está yendo el dinero destinado a enfrentar el cambio climático. La conclusión importa porque el dinero, esta vez, no está yendo a los foros multilaterales, sino a las ventanillas. Y las ventanillas están cambiando de dirección.
El jueves pasado venció un plazo que pasó casi inadvertido en la prensa en español, pero que es central para la arquitectura financiera del clima. El mecanismo del Artículo 6.4 del Acuerdo de París -el instrumento que permite a los países pagar por acción climática realizada en otros países- exigía que los gobiernos anfitriones autorizaran la transición de un enorme inventario de proyectos heredados del régimen anterior. De alrededor de 980 millones de créditos que aspiraban a moverse, los gobiernos autorizaron 128 millones. Trece por ciento. Y del 13%, ochenta y cuatro puntos porcentuales corresponden a un solo país, Bangladesh. El resto del mundo entregó, en conjunto, el 16% del 13%. En términos económicos, se trata del primer examen de estrés del futuro sistema de transferencias climáticas soberanas. Los países con capacidad administrativa capturaron el flujo. Los demás quedaron fuera de la lista de proveedores autorizados.
En paralelo, Bruselas publicó su reforma del régimen europeo de comercio de emisiones. La propuesta le concede a la industria del continente aproximadamente 6.000 millones de euros adicionales en asignaciones gratuitas, y suaviza la trayectoria de recortes. Días antes, el Banco Mundial había retirado en silencio, bajo presión del gobierno estadounidense, su meta de cobeneficios climáticos. No fueron los negacionistas quienes diluyeron los instrumentos. Fueron los ministros de finanzas. Y ocurrió la misma semana en que Alemania reportó cinco mil muertes en exceso por la ola de calor de finales de junio, y en que Bloomberg Green documentaba, con datos de las principales marcas globales de moda, que el calor extremo ya es un renglón operativo en la cadena de suministro asiática. El clima no es una amenaza futura; es un costo presente.
Diez años discutiendo la credibilidad técnica de la tonelada de carbono, calibrando estándares y peleando en foros de integridad. Y la restricción activa resultó ser otra, más prosaica: la capacidad soberana para procesar autorizaciones dentro de un calendario. Los proyectos que sobrevivieron al plazo operaban en países cuyas autoridades climáticas nacionales tenían el ancho de banda administrativo suficiente. El otro 87% quedó varado. No por mala metodología, sino por falta de mesa.
Mientras tanto, la demanda no desapareció. Cambió de ventanilla. Corea celebró la semana pasada su tercera licitación anual bajo el Artículo 6, con demanda robusta. Arabia Saudita abrirá su mercado doméstico en noviembre. Hong Kong estrenó una plataforma para canalizar capital climático hacia China continental. Un proyecto de agroforestería en Indonesia cerró un contrato de remoción de carbono por 635 mil toneladas. Amazon firmó un cheque equivalente a 1,95 millones de toneladas para un proyecto de reforestación sudafricano. El impuesto al carbono de Sudáfrica está impulsando, según datos de mercado, las mayores retiraciones anuales del sector voluntario. La geografía del financiamiento climático se rehace en tiempo real, y no es una metáfora.
Las capitales que hoy concentran esos flujos son identificables. Vale decirlo con nombres propios: Seúl, Riad, Pretoria, Hong Kong y Bruselas, esta última con menos convicción cada trimestre pero todavía en el mapa. No Washington. No el Banco Mundial. Y aquí viene la parte que la región debería leer con atención: tampoco Bogotá, ni Brasilia, ni Santiago, ni Ciudad de México, ni Lima. Ninguna capital latinoamericana aparece hoy en el mapa emergente. Chile, que es el país de la región con mayor sofisticación institucional en la materia, fue reportado esta semana por Carbon Pulse como un caso donde el impuesto al carbono es demasiado bajo para inducir señal de precio, y donde los créditos por conservación de bosques siguen excluidos del alcance del gravamen. Ese es, hoy, el techo regional.
Colombia tiene, por primera vez, un programa presidencial entrante que nombra explícitamente el Artículo 6, los canjes de deuda por naturaleza y la preparación frente al mecanismo europeo de ajuste en frontera. Es un buen documento. No es una ventanilla. Brasil tiene la doctrina del Fondo para Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) y la base amazónica, pero todavía no cierra un solo acuerdo bilateral de escala. Los demás están más atrás. La ventana antes de la COP31 en noviembre es de aproximadamente cuatro meses. Después, la geografía nueva se institucionaliza: registros, plantillas, precedentes, criterios técnicos que se cristalizan. Y entrar cuesta cinco veces más.
El siguiente sistema de financiamiento climático no lo van a definir las instituciones que construyeron el primero. Esa parte dejó de ser una tesis: es un dato con fecha. La pregunta que le queda a América Latina no es si va a haber flujos financieros para el clima. Ya los hay, contratados esta semana en tres continentes. La pregunta es si la región va a estar en la mesa donde se decide cómo funciona el sistema, o si va a leer, dentro de cinco años, el manual de un sistema escrito sin su firma.
Cuatro meses. Después, ya no.
