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"Hoy es un día triste para España": rechazo a la amnistía y protestas en comienzo de debate de investidura de Pedro Sánchez

El debate comienza este miércoles y el jueves será la votación; Sánchéz podría salir proclamado con mayoría absoluta en primera ronda.

El socialista Pedro Sánchez acudió al Parlamento español para pedirle que lo vuelva a investir como presidente del gobierno, seguro de tener éxito gracias al apoyo de los independentistas catalanes obtenido a cambio de una muy controversial ley de amnistía.

Sánchez, en su discurso ante el pleno, defendió este proyecto, diciendo que el "diálogo" y el "perdón" son necesarios para cerrar las heridas tras el intento de secesión de 2017.

"Garantizaremos la unidad de España por la vía del diálogo y del perdón", aseguró ante los diputados el líder socialista, quien accedió a impulsar esta amnistía exigida por los partidos catalanes, a cambio de su apoyo indispensable para lograr una nueva investidura en la votación prevista el jueves.

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Los líderes de los demás partidos políticos también se han pronunciado, mientras que la votación se producirá este jueves, para dotar a España de un nuevo gobierno casi cuatro meses después de las elecciones legislativas del 23 de julio.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseguró que "hoy es un día triste para España. Nunca pensamos que un presidente del Gobierno pudiera asestar esta puñalada al corazón de nuestra democracia".

"Por qué si Sánchez está tan convencido de que la amnistía es imprescindible para resolver la situación de Cataluña, no lo advirtió en campaña (...) Esta es la investidura de un mentiroso", agregó.

Sánchez, que quedó segundo por detrás del conservador Alberto Núñez Feijóo en las legislativas, convocadas tras la debacle de la izquierda en las municipales de mayo, tiene asegurados los apoyos necesarios para continuar en el poder.

A diferencia del líder de la derecha, que no consiguió los votos para ser investido, Sánchez, conocido por su capacidad para sobrevivir políticamente, obtuvo el respaldo de numerosas formaciones políticas en las últimas semanas.

Sánchez cuenta con los votos de la izquierda radical, con la que gobierna desde hace tres años, con la que se comprometió a aumentar nuevamente el salario mínimo y a reducir de 40 a 37,5 horas la duración de la semana laboral.

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El socialista de 51 años consiguió por igual los apoyos de los partidos vascos PNV y Bildu, pero también los de las formaciones independentistas catalanas, Juntos por Cataluña, el partido de Carles Puigdemont, e Izquierda Republicana de Cataluña (ERC).

En total, tiene garantizados 179 votos a favor de los 350 diputados del Congreso, por encima de la mayoría absoluta necesaria para ser investido.

Para lograr convencer a los partidos catalanes, Sánchez tuvo que dar importantes concesiones, la más polémica de ellas una ley de amnistía para los independentistas procesados por los tribunales, principalmente por su implicación en el intento de secesión de Cataluña en 2017, una de las peores crisis políticas de la España contemporánea.

Esta medida, a la que el socialista era contrario en el pasado, permitirá "cerrar heridas" y "resolver el conflicto político existente en Cataluña", alegó la noche del lunes el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, cercano a Sánchez.

La amnistía, reclamada por Carles Puigdemont, ex presidente catalán instalado en Bruselas desde 2017 para evadir la justicia española, divide profundamente a la sociedad española.

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El domingo, cientos de miles de personas se manifestaron en todo el país contra la amnistía, convocados por el Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo.

El proyecto de ley de amnistía, presentado el lunes en el Parlamento y que Sánchez espera que se apruebe en las próximas semanas, ha despertado también la preocupación en el sector judicial y hasta en Bruselas, que pidió a Madrid "información detallada" sobre el alcance de la medida.

Como una señal de la tensión política, más de 1.600 policías han sido desplegados miércoles y jueves en Madrid para la investidura de Sánchez, según el Ministerio del Interior, un dispositivo de seguridad similar al de un partido de fútbol considerado de riesgo.


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