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Aerolíneas extranjeras que operan en Venezuela deberán pagar combustible directamente a EE. UU.

Avión | Foto Canva
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El Departamento del Tesoro, de acuerdo con ese texto, señaló que los fondos van a una cuenta “de custodia” y exige ingresar la fuente de estos.

Este martes, el régimen de Venezuela ha notificado a las aerolíneas extranjeras que operan en el país bolivariano que los pagos por la compra de combustible venezolano deben efectuarse directamente a cuentas del Departamento de Estado de los Estados Unidos, según un comunicado al que EFE tuvo acceso.

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Tengo el honor de dirigirme ustedes en la oportunidad de extenderles un cordial saludo”, se lee en texto del Ministerio de Hidrocarburos.

“Notificarles acerca de las coordenadas bancarias para pagos mediante transferencias en moneda extranjera, destinados a la recepción de pagos correspondientes a los consumos por concepto de combustible tipo JET A1, MGO e IFO 280”, explicó.

El comunicado, con fecha de 28 de mayo, está firmado por el gerente de Ventas del Yolimar Cedeño, y viene acompañado por un anexo del Departamento de Estado de los Estados Unidos con los datos bancarios.

Asimismo, este señala que el Gobierno de Estados Unidos, a través de este despacho “puede recibir fondos en nombre de Venezuela mediante Fedwire (Federal Reserve Wire Network)”, la red de transferencias electrónicas de fondos bajo control de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro, de acuerdo con ese texto, señaló que los fondos van a una cuenta “de custodia” y exige ingresar la fuente de estos.

Cabe recordar que esta acción viene desde la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante una operación militar el pasado mes de enero.

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El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, avisó que Washington controlaría de forma “indefinida” las ventas de crudo venezolano y depositaría en cuentas de su Gobierno el dinero derivado de esas transacciones para “beneficiar al pueblo de Venezuela”.

En ese entonces la Casa Blanca dijo que “la orden afirma que los fondos son propiedad soberana de Venezuela mantenidos bajo custodia de Estados Unidos para propósitos gubernamentales y diplomáticos, que no están sujetos a reclamos privados”.

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