Arzobispo de Caracas buscó deslindarse de la grave denuncia que hizo la hija de Edmundo González Urrutia por “extorsión”
Mariana González de Tudares, la hija del presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, denunció que fue “víctima de tres episodios de extorsión” de personas vinculadas a autoridades del régimen de Venezuela, así como de “personas relacionadas con la Iglesia y de individuos que afirmaban presentar organismos importantes”, esto en el caso de su esposo, Rafael Tudares Bracho, que se encuentra detenido de manera arbitraria.
Extorsiones por medio de las cuales le aseguraban que la única manera de que su esposo Rafael Tudares recobrara su libertad era que “obligara” a su padre (Edmundo) “a renunciar a su lucha y su causa”.
Ante la denuncia, monseñor Raúl Biord Castillo, arzobispo metropolitano de Caracas, emitió un comunicado en el que se refirió al caso y señaló “que en ningún momento se ha realizado” por parte de la Arquidiócesis “ninguna extorsión o presión a familiares de detenidos ni a nadie”.
“Comprendemos el dolor de la Sra. Mariana González de Tudares y apoyamos su petición por la liberación de su esposo. En el arzobispado de Caracas, hemos mantenido y mantenemos las puertas abiertas para recibir a todos los que lo soliciten. En ningún momento, se ha realizado en la arquidiócesis ninguna "extorsión" o presión a familiares de detenidos ni a nadie. Hemos atendido a numerosos familiares de presos políticos a quienes se ha acompañado pastoralmente, sin ningún interés más que procurar su bien”, reza el texto.
En su denuncia, Mariana de Tudares señaló que “las tres extorsiones se llevaron a cabo en sedes diplomáticas (Embajadas), en espacios donde opera el Arzobispado, y en oficinas de organizaciones que públicamente afirman defender los derechos humanos”.
Aunque monseñor Raúl Biord Castillo emitió tal pronunciamiento al respecto, no anunció una investigación previa sobre lo ocurrido con el fin de aclarar la situación.
El yerno del presidente electo de Venezuela fue sometido a un cuestionado proceso penal y fue condenado a 30 años en diciembre 2025 por parte de la dictadura chavista, por presuntos delitos de "terrorismo y conspiración".
