"El gobierno peruano usa un discurso xenofóbico para desviar la atención de un problema de criminalidad organizada": Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW
La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha lanzado una seria advertencia sobre la situación de seguridad y justicia en Perú.
Según un informe reciente, el Congreso peruano estaría debilitando gravemente la independencia y capacidad de jueces y fiscales para enfrentar al crimen organizado a través de una serie de acciones legislativas.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, explicó que "activamente el Congreso peruano ha legislado para favorecer la criminalidad organizada en Perú, permitiendo y generando el debilitamiento de herramientas que tendrían las fiscalías y la policía para poder enfrentar el crimen organizado".
Entre las medidas más preocupantes, el informe destaca que el Congreso ha acortado los plazos de prescripción penal, reducido los mecanismos de colaboración eficaz, debilitado los allanamientos y excluido los delitos de corrupción de la definición de crimen organizado. Además, se ha eliminado la responsabilidad penal de los partidos políticos y limitado el papel del Ministerio Público en las investigaciones iniciales.
Estas acciones ocurren en un contexto de aumento alarmante de la violencia en el país. Según datos policiales citados por HRW, el número anual de homicidios en Perú creció casi un 137% entre 2018 y 2024.
"Si bien Perú no está en este momento entre las tasas más altas de homicidio en toda América Latina, si uno compara 2023 con 2024, un incremento del 75%, lo que nos lleva a decir que es la tasa que está creciendo de manera más acelerada en la región", señaló.
El gobierno peruano ha intentado asociar el aumento criminal a la presencia de migrantes en situación irregular, algo que HRW no ha podido corroborar. Goebertus, enfatiza que "el gobierno ha hecho uso de un discurso xenofóbico para desviar la atención de un problema de criminalidad organizada interno".
La organización también advierte sobre intentos del Legislativo y el Ejecutivo de controlar instituciones clave como el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, lo que pondría en riesgo la separación de poderes en el país.
El informe de HRW se basa en la revisión de 34 leyes y decisiones legislativas del Congreso y 54 decretos presidenciales emitidos desde 2023, así como en más de 120 entrevistas realizadas en diversas regiones del país durante un año.
Ante las próximas elecciones generales en Perú, Goebertus hizo un llamado a la ciudadanía: "Es un momento fundamental para el pueblo y la ciudadanía peruana de activarse de manera pacífica pero decidida en torno a las elecciones del próximo año para tratar de defender sus instituciones y volver a algún tipo de mecanismo que les permita asegurar unos componentes esenciales de Estado, Derecho y Democracia en el país", recalcó.
