La CPI destituyó al fiscal Karim Khan en medio de acusaciones de agresión sexual; en 2025 lo apartaron de una investigación sobre el régimen venezolano
La Asamblea de los 125 Estados miembros de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió el viernes destituir al fiscal general Karim Khan tras ser señalado de agresión sexual contra una integrante de su equipo.
Khan dejó sus funciones en mayo de 2025 para defenderse de las acusaciones de una de sus compañeras de trabajo, tras la apertura de una investigación el año anterior.
En una votación secreta celebrada durante una reunión extraordinaria a puerta cerrada en la sede de la ONU en Nueva York, aseguraron las mismas fuentes, 82 Estados miembros votaron a favor de cesar al británico, que se mantiene firme en rechazar las acusaciones en su contra.
Cabe recordar que Khan, de 56 años, fue suspendido por la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes (AEP), compuesta por 21 miembros, que convocó la reunión del viernes en la sede de la ONU en Nueva York.
En ese momento, este organismo de la Corte aseguró que la suspensión "no era indicativa del resultado final" del caso.
Esta no es la primera controversia que toca al fiscal, pues ya había sido apartado del proceso emblemático de la CPI contra el expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad.
Además, Kahn acaparó la atención cuando pidió la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y del exministro de Defensa Yoav Gallant por la guerra en Gaza, así como contra varios miembros de Hamás, todos ellos asesinados.
Por esto último, el Gobierno de Estados Unidos, en represalia, le impuso sanciones económicas y le prohibió su entrada a territorio estadounidense.
En 2020 Khan dijo que había una base razonable para creer que funcionarios gubernamentales y militares cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde 2017.
El 2 de septiembre de 2025 CPI aceptó la inhibición solicitada por el fiscal Karim Khan en la investigación sobre el régimen de Venezuela.
Kahn presentó un escrito en el que oficializaba que se apartaba de la investigación de la Corte Penal Internacional sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela por un posible conflicto de interés.
