Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022
Explosivas grabaciones de audio reveladas por la periodista colombiana Vicky Dávila han reavivado las denuncias sobre la financiación irregular de la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia de Colombia en 2022.
En las grabaciones, Andrés Felipe Marín, conocido como alias ‘Pipe Tuluá’, jefe de la banda narcotraficante La Inmaculada y recientemente extraditado a Estados Unidos, afirma haber entregado dinero para la campaña a través de Juan Fernando Petro, hermano del presidente.
"Nosotros, su hermano, sí lo compramos y tenemos pruebas donde le pasamos mucho dinero para su campaña. Tenemos videos, audios, consignaciones donde se le pasó plata", señala ‘Pipe Tuluá’ en uno de los audios.
El abogado Pablo Bustos, presidente de la Red Nacional de Veedurías de Colombia, interpuso una denuncia formal contra Juan Fernando Petro ante la Fiscalía General de la Nación y otra contra el presidente Petro en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.
“Encontramos este hito que corresponde al señalamiento directo que le hace un extraditable advirtiendo que entregará por primera vez a la justicia internacional, por fortuna a la de los Estados Unidos, estas evidencias nuevas que dan cuenta de cómo hay señalamientos al parecer fundados y que serán revisados por la justicia estadounidense y que deberán ser revertidos a la justicia colombiana vía un proceso de cooperación judicial internacional”, dijo Bustos en el programa La Noche de NTN24.
“La llamada Paz Total, no era otra cosa que la criminalidad total y la entrega del Estado parcelado a las organizaciones ilegales a cambio de votos y dinero que redundaron en el éxito electoral y que es la amenaza seria y fuerte para ese certamen electoral”, agregó.
Las nuevas revelaciones se suman a una serie de escándalos previos sobre presunta financiación irregular.
En 2022, antes de las elecciones, interceptaciones telefónicas revelaron que Wilmer Antonio Giraldo Quiroz, alias ‘Siopas’, segundo cabecilla del Clan del Golfo, ejerció presión para que habitantes de zonas de Urabá, Chocó y Córdoba votaran por Petro, delito considerado como constreñimiento electoral en Colombia.
Adicionalmente, en 2023 se conocieron grabaciones del entonces canciller Armando Benedetti, actual ministro del Interior e incluido en la lista OFAC del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, donde mencionaba su participación en la financiación de la campaña con cifras que alcanzarían los 15 mil millones de pesos colombianos.
Cabe recordar, además, que el Consejo Nacional Electoral de Colombia sancionó en una decisión histórica la campaña "Petro Presidente" por superar los topes legales de gasto electoral y un exceso significativo de los límites permitidos por la ley colombiana.
Un documento secreto en poder de la Fiscalía, al que tuvo acceso el programa La Noche, detalla 76 reuniones realizadas entre mayo de 2021 y junio de 2022 en diversas cárceles colombianas, incluido el pabellón de extraditables de La Picota en Bogotá.
Estas reuniones, conocidas como el "Pacto de La Picota", habrían involucrado a Juan Fernando Petro, el senador Iván Cepeda (actual precandidato presidencial del petrismo), la exsenadora Piedad Córdoba y Danilo Rueda, entre otros.
El informe indica que se habrían recaudado 65 mil millones de pesos colombianos del narcotráfico a través de estas negociaciones, además de 20 millones de dólares provenientes de las disidencias de las FARC conocidas como Segunda Marquetalia.
“Todo lo que rodea la elección, la financiación y el gobierno de Gustavo Petro es absolutamente oscuro y turbio. Ese documento mostraba una hoja de ruta de cómo se iban a robar las elecciones, cómo iban a recibir recursos de parte de las organizaciones criminales y sobre todo cómo los iban a beneficiar en el ejercicio del gobierno”, señaló Daniel Palacios, candidato a la presidencia de Colombia.
Juan Fernando Petro confesó en septiembre de 2023 en entrevista con Caracol Televisión haber conseguido un millón de votos mediante su gestión, aunque negó haber negociado beneficios a cambio. Sin embargo, está siendo investigado desde enero de 2023 por el caso del "Pacto de La Picota", proceso que permanece en fase de indagación sin que se hayan producido imputaciones.
Las revelaciones coinciden con la implementación de la política de "paz total" del gobierno Petro, que ha establecido diálogos con diversos grupos armados ilegales del país, incluidas las disidencias de las FARC y bandas criminales dedicadas al narcotráfico.
