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Sábado, 23 de septiembre de 2023
Sábado, 23 de septiembre de 2023
Juan Falkonerth, columnista. Gustavo Petro

¿Volvieron las chuzadas con el Gobierno Petro?

Quienes realizaron dichos procedimientos se arrogaron una competencia y funciones que no les correspondían.

Todo un pulso de poder se vivió en la Casa de Nariño. Laura Sarabia, exjefe del gabinete ministerial, y Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, fueron los protagonistas en los últimos días de la mayor crisis que ha enfrentado el presidente Gustavo Petro en su mandato y que terminó con la salida de estos dos altos funcionarios.

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Todo comenzó el 29 de enero de este año, cuando Sarabia, la mujer más poderosa de este gobierno, reportó el hurto en su residencia de 7 mil dólares en efectivo que estaban contendidos en una maleta, cifra que después fue desvirtuada por el propio Benedetti, quien señaló que el valor real era de 150 millones de pesos, advirtiendo que era inconcebible que ella tuviera ese dinero en su casa.

Resulta muy cuestionable tener esta alta suma de dinero en efectivo y que su procedencia se justifique en viáticos. ¿A dónde viajo y cuántas veces para reunir esta suma? ¿Por qué Presidencia de la República, los entregó en efectivo?

Una de las sospechosas del millonario hurto era Marelbys Meza, quien, para ese entonces, fungía como niñera en casa de la alta funcionaria. Meza fue sometida por el cuerpo de seguridad de Sarabia, miembros de la Policía Nacional y parte administrativa de Presidencia de la República, a un procedimiento irregular de prueba de polígrafo, donde fue retenida por más de 4 horas, sufriendo de múltiples maltratos, acá pudo configurarse secuestro, entre otros delitos.

Quienes realizaron dichos procedimientos se arrogaron una competencia y funciones que no les correspondían. Estas diligencias requieren la orden de un juez y/o de un fiscal en el marco de una investigación.

Pero más allá de la conducta reprochable por parte de los servidores públicos involucrados en estos hechos, lo que resulta más indignante es la justificación que se hace desde la Presidencia de la República, aduciendo que era un procedimiento normal y que encontraba su asiento en la seguridad del presidente y sus colaboradores más cercanos. Nada más alejado de la realidad, se dispuso de estos mecanismos para atender fines personales de Sarabia, de una forma perversa.

Este caso se hizo público debido a la fricción en las relaciones entre Sarabia y Benedetti. Recordemos que ella hizo parte de su unidad de trabajo legislativo – UTL en el Congreso de la República y se consideraba su cuota en el Gobierno nacional, sin embargo, ella dejó de reportarle a él para hacerlo directamente al presidente y con esto el distanciamiento se hizo evidente. Los ataques y cuestionamientos se incrementaron en redes sociales.

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El entonces embajador volvió a encender la polémica al sugerir que se estarían realizando interceptaciones ilegales en las comunicaciones de varias personas a favor de los intereses de Sarabia. El fiscal Francisco Barbosa lo anunció al país con posterioridad. En rueda de prensa se realizó la grave denuncia de que dos empleadas de la alta funcionaria habían sido incluidas de forma irregular en la lista de miembros del Clan del Golfo, con la finalidad de que la Dijín, con aval de un juez de la república, procedieran a escuchar sus comunicaciones.

Lo más grave es que queda la sospecha de que más personas hayan sido víctimas de las “chuzadas”, por órdenes dadas desde la Casa de Nariño.

Esto sería muy grave ya que se configurarían varios delitos. Hechos similares llevaron a gobiernos anteriores a liquidar entidades públicas como el extinto Departamento Administrativo de Seguridad – DAS, remover altos funcionarios y activar las acciones judiciales correspondientes.

El presidente Gustavo Petro ha dado un manejo irresponsable de esta situación, desatando una fuerte implosión desde el interior de su gobierno. No se ha asumido la responsabilidad de los hechos y por el contrario se ha buscado justificarlos por todos los medios existentes, con lo cual, su proyecto político queda en riesgo y la gobernanza altamente cuestionada.

Para salir bien librado de una crisis solo existen dos maneras, evitándolas o terminándolas pronto, acá no sucedió ninguna de las dos.

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Cápsula 1: Rusia fue atacada por 8 drones en su territorio, hecho atribuido a Ucrania. Pese a ser negado por Kiev, sí celebraron lo sucedido. Se abre el debate en torno a si Ucrania puede defenderse más allá de sus fronteras y con recursos de países afines a sus causas. Reino Unido lo encontró oportuno mientras Estados Unidos aseguró que su ayuda es únicamente para repeler la hostilidad de los rusos en territorio ucraniano.

Lo cuestionable acá es que cuando los ataques los realizan los rusos, Putin los encuentra justos, pero cuando son efectuados en legítima defensa por los ucranianos, los califica como actos terroristas. Incoherencia.

Cápsula 2: El presidente Lula da Silva convocó una gran cumbre regional en su país, en ese escenario salió en defensa de su homólogo Nicolás Maduro, asegurando que lo que ocurría en Venezuela era una narrativa de odio construida alrededor del gobierno con fines imperialistas. Nada más alejado de la realidad ya que desconoce las graves violaciones a los derechos humanos, la persecución a la oposición y la crisis institucional, todas ocasionadas por el régimen.

Cápsula 3: La reciente encuesta INVAMER, con muestras tomadas del 26 al 29 de mayo de 2023, refleja una gran caída en la imagen del presidente Gustavo Petro. Cuenta apenas con un 33,8% de aprobación y un 59,4% de desaprobación. El “cambio” es castigado por la opinión pública por sus reformas que resultan altamente inconvenientes, la falta de gobernabilidad y los problemas que aquejan al país. Seguramente sus efectos los veremos en las próximas elecciones regionales.


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