Régimen califica de "cínica" la respuesta negativa de El Salvador sobre venezolanos deportados
El pasado 30 de marzo la Fiscalía venezolana envió un comunicado a la Corte Suprema de Justicia de El Salvador para solicitar que intervenga por los derechos de los venezolanos que considera "ilegalmente secuestrados" tras ser expulsados de Estados Unidos y acusados de tener vínculos con el Tren de Aragua.
Más de 80 días después, Venezuela recibió la respuesta que califica de "vergonzosa".
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La Corte salvadoreña declara improcedente la intervención alegando que la comunicación enviada no cumple con los requisitos legales y formales establecidos, ni se realizó por los canales diplomáticos adecuados.
También niega el habeas corpus pretendido por un grupo de abogados que representa a las víctimas. La Corte señala que los solicitantes no proporcionaron información precisa sobre los hechos alegados, las autoridades responsables, ni las razones concretas que justifican la vulneración de derechos constitucionales.
Para el fiscal venezolano, Tarek William Saab, El Salvador "pretende desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal de los venezolanos".
Saab denuncia que tampoco analizan los hechos ni entran al fondo del habeas corpus realizado por los abogados, "escudándose en una serie de formalismos falaces y exigencias desproporcionadas, con el único objetivo de evadir su deber".
Acusa a la Sala de ser "cómplice de esta aberración jurídica".
Los venezolanos permanecen incomunicados, sin juicio, sin defensa, sin debido proceso y sin siquiera saber por qué están presas ni dónde están.
El Ministerio Público venezolano dice haber localizado y entrevistado a 116 familiares de 118 venezolanos detenidos en El Salvador.
También acusa a organismos multilaterales de "silencio cómplice".
