Entre 2014 y 2018 existieron 19 casos de desaparición forzada en Venezuela
La Universidad Católica Andrés Bello y Espacio Público realizaron el informe “La negación del paradero de personas detenidas como práctica de desaparición forzada en Venezuela”, donde documentaron 19 casos de desaparición forzada
Un total de 19 casos de desaparición forzada documentó el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y la ONG Espacio Público entre 2014 y 2018: 9 de corta duración, 7 ocurridas durante traslados posteriores a la detención inicial y 3 de larga duración. En su informe resaltaron que esta práctica conlleva a torturas, tratos crueles, violaciones del derecho a la vida, seguridad y debido proceso.
Con la colaboración de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Texas, aseguraron que “la práctica de desaparición forzada puede conducir a cometer otras graves violaciones a los derechos humanos; por ejemplo, afectaciones al derecho a la vida, seguridad y libertad personal, debido proceso y prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes”.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos exhortaron a las autoridades a garantizar que los organismos de seguridad cumplan con medidas mínimas para la privación de libertad; por ejemplo, permitir comunicaciones con familiares y abogados, existencia de registros de los privados de libertad, prohibición de existencia de centros de detección secretos o no oficiales.
Entre los casos documentados se encuentran:
- Juan Lares, hijo del entonces alcalde del municipio Campo Elías del estado Mérida, Omar Lares. Fue detenido durante la elección a la asamblea nacional constituyente y duró 15 días desaparecido.
- Jesús Medina Ezaine, reportero gráfico, quien días anteriores a su desaparición –ocurrida el 4 de noviembre de 2017 – había recibido amenazas por la publicación de un trabajo periodístico sobre la cárcel de Tocorón. Fue hallado golpeado 50 horas después, en la carretera Caracas-La Guaira.
- Pedro Jaimes, tuitero que compartió la ruta del avión presidencial, duró 48 desaparecido hasta que fue presentado el 12 de mayo en el Tribunal 3° de Control de Los Teques. Luego de la audiencia, el Sebin lo trasladó a un lugar desconocido; el 15 de junio se conoció que se encontraba en El Helicoide.
- Maryori Medina Parra, médico de 63 años de edad, fue detenida el 6 de octubre en Puerto Ordaz. Cinco días después se conoció que se encontraba en la sede de la DGCIM en la entidad.
- Gilber Caro, diputado a la Asamblea Nacional fue detenido junto con Steicy Escalona en Carabobo, el 11 de enero de 2017. El paradero de ambos fue desconocido durante 22 horas. Lo mantuvieron incomunicado; fue trasladado a varios centros hasta que, a los 117 días de su detención, y sin que se hubiese realizado la audiencia de presentación, lo llevaron desde la cárcel 26 de Julio, en Guárico, al penal de Tocuyito.
- Fernando Albán, concejal, fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía el viernes 5 de octubre. 24 horas después de su detención, dirigentes de Primero Justicia denunciaron su desaparición y alertaron sobre el riesgo que corría su vida e integridad física por los posibles tratos crueles e inhumanos en su contra. El lunes 8 de octubre, en horas de la tarde, el fiscal general designado por la ANC, Tarek William Saab, anunció la muerte del edil.
Las instancias documentaron tres casos de desaparición de larga duración ocurridas en 2015.
- Alcedo Mora y los colombianos Jesús y Eliézer Vergel fueron vistos por última vez en Mérida, el 26 de febrero. El activista había denunciado a varios funcionarios de Pdvsa que estarían involucrados en el contrabando de gasolina hacia Colombia.
- Cenis Carrero, Jonathan Mora, John Aguilar y Alexis Vivas fueron detenidos el 7 julio. A finales de 2015 un testigo dijo haberlos visto en la sede GAES-Conas de El Vigía.
- Nelson Carpio está desaparecido desde el 17 noviembre de 2015. Era menor de edad al momento de su detención. Es el único caso que tiene responsables.
Familiares y abogados de los desaparecidos aún no han recibido respuesta, pese a haber testigos de la actuación de los funcionarios policiales en el proceso de detención.
Los defensores de los derechos humanos piden al gobierno declarar el registro de detenidos, abandonar la práctica de la incomunicación, mantener informados a familiares y a abogados, e investigar de forma diligente, objetiva e independiente los casos de desapariciones, así como sancionar a los responsables.
