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Pasaporte venezolano

Anulación de pasaportes como castigo al activismo crítico en Venezuela: Periodistas y defensores de ddhh son los más afectados

Pasaporte venezolano - AFP
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La ley venezolana garantiza el derecho de acceso a la información y a los datos personales.

Luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio, surgieron denuncias masivas de anulación de pasaportes en Venezuela, sin previa notificación, contra activistas de derechos humanos, políticos y periodistas.

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Es otra forma de castigo, paralela a la persecución que se desató en todo el país hasta superar los 2 mil presos políticos en apenas semanas.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) emitió el informe sobre la cancelación del documento que permite a los ciudadanos salir del país.

Y lo describe como un patrón sistemático de represión y control social que busca "coartar la libertad de movimiento y silenciar voces críticas en un momento crucial para el país".

El informe de Cejil detalla que entre julio y agosto de 2024 se documentaron al menos 40 casos de anulación de pasaportes, en momentos en que muchos intentaron huir para evitar ser capturados.

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Sin aviso previo, las personas se enteraron de la anulación de sus documentos al intentar salir del país o al solicitar su renovación, "lo que evidencia la falta de transparencia y el carácter sorpresivo de estas acciones".

El Cejil subraya que los afectados nunca tienen explicación de las razones de la medida lo que les impide ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso.

Las víctimas son en su mayoría periodistas, defensores de derechos humanos, sindicalistas, académicos, artistas, activistas sociales e incluso familiares directos, incluyendo menores de edad.

Qué dice la ley

La ley venezolana garantiza el derecho de acceso a la información y a los datos personales, así como el derecho a conocer el uso y finalidad de los mismos.

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Además, se reconoce el derecho a solicitar la actualización, rectificación o destrucción de datos erróneos o que afecten derechos.

Se establece la obligación de proteger y salvaguardar los documentos y archivos de interés histórico, incorporándolos al patrimonio cultural de la Nación.


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