Aprueban en El Salvador reforma constitucional de Bukele para imponer cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas
El legislativo de El Salvador aprobó el martes el inicio de un proceso de reforma constitucional para imponer cadena perpetua a homicidas, violadores y terroristas.
La normativa establece cambios constitucionales y legales que buscan endurecer las penas frente a delitos graves, en el contexto de la reducción de la criminalidad y la implementación del régimen de excepción en el país.
La medida fue presentada por el partido del presidente Nayib Bukele en un contexto de cuatro años bajo régimen de excepción y marcada por una fuerte disminución de cifras de criminalidad, lo que el oficialismo interpreta como la recuperación del control territorial.
"La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas", indica el texto, que elimina la prohibición de "penas perpetuas".
Hasta ahora, cabe resaltar, la condena máxima, según la justicia en El Salvador, era de 60 años con mecanismos de reducción de sentencia.
Con ello se busca que los criminales "no salgan a la calle y que cumplan su pena para siempre", expuso Suecy Callejas, vicepresidenta parlamentaria.
Al presentar la iniciativa, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que la "guerra sin cuartel contra los terroristas no se detiene", en referencia a los pandilleros.
La propuesta recibió respaldo de diputados de nuevas ideas, el Partido de Concertación Nacional (PCN) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC), alcanzando así el requisito constitucional de más de diez firmas para su estudio legislativo.
"Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión", escribió el presidente Bukele antes de la aprobación.
Bukele no cree en la reinserción social de los pandilleros. "Es un delito continuado, las mismas reglas de las pandillas establecen que nadie deja de ser miembro hasta el día de su muerte", subrayó una declaración de la Presidencia.
Su modelo de seguridad acabó en El Salvador con la violencia de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas terroristas por Estados Unidos y El Salvador, que controlaban ciudades, asesinaban y extorsionaban.
No obstante, Amnistía Internacional, HRW y otras organizaciones internacionales y salvadoreñas aseguran que bajo el régimen de excepción se han cometido detenciones arbitrarias, encarcelamiento de inocentes y torturas, y se ha usado para silenciar a los defensores de derechos humanos.
"Se nos ha cuestionado el uso legítimo de herramientas para llevarle paz a los salvadoreños. La seguridad, junto con la justicia, nos lleva a revisar el comportamiento de homicidios y violaciones", señaló el ministro al justificar la iniciativa de reforma.
