En la mañana del domingo iniciaron las elecciones de 2026 en Colombia con elecciones al Congreso de la República y las consultas interpartidistas de los candidatos a la Presidencia.

Esos comicios preceden a los de la primera vuelta presidencial, que tendrán lugar el 31 de mayo y en la que serán incluidos los tres candidatos ganadores de las consultas a la Presidencia, así como, en caso de que llegue a requerirse, la segunda vuelta presidencial.

Sin embargo, en el marco de la jornada electoral en Colombia, son varios los casos de delitos electorales que las autoridades han reportado y sobre los que han advertido a la comunidad.

Prácticas como la suplantación de votantes, el constreñimiento al sufragante o el uso de recursos públicos en campañas no son "simples trampas", sino delitos que la Fiscalía General de la Nación "está atenta para judicializar", señala la firma de abogados Cafore Abogados.

Según datos de la Fiscalía General de la Nación, los delitos electorales en Colombia traen sanciones penales y económicas reguladas por la Ley 1864 de 2017.

Las multas oscilan entre 50 y 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV), acompañadas de penas de prisión de 4 a 12 años, inhabilitación para ejercer cargos públicos y, en casos de financiación ilegal, multas equivalentes al monto del exceso.

¿Qué delitos electorales pueden cometer ciudadanos, candidatos y servidores públicos?

Lejos de ser faltas menores, delitos como la trashumancia electoral —inscribir la cédula en un lugar distinto a la residencia—, la suplantación de votantes, impedir las elecciones por algún motivo, amenazar a un candidato, impedir las labores de un jurado de votación o usar cédulas falsas, son delitos que pueden ser cometidos por ciudadanos y que afectan la legitimidad de las urnas.

En cuanto a los candidatos, la compra de votos, el financiamiento ilegal de campañas electorales, exceder los límites de gastos establecidos por la autoridad, presionar, amenazar, engañar a votantes e incluso, ser elegido estando inhabilitado por decisión judicial, disciplinaria o fiscal, no solo constituyen prácticas corruptas, sino que conllevan a penas privativas de la libertad.

Para los servidores públicos el usar recursos del estado para apoyar campañas, presionar o engañar a votantes, ser cómplices de votos fraudulentos o alterar los resultados electorales, configuran conductas que agravan su responsabilidad, pues atentan contra los principios de imparcialidad y moralidad que rigen en la función pública.

"El voto es libre y responsable, y comprarlo o venderlo es un grave delito que afecta la democracia. No se trata solo de ganar una elección, sino de prevenir y denunciar dentro del marco de la ley, porque lo que está en juego es la legitimidad del sistema democrático colombiano", advierte Valeria Canosa, abogada de Cafore Abogados especialista en derecho penal en un comunicado del bufete.

¿Dónde denunciar en caso de llegar a detectar alguno o varios de los delitos electorales expuestos?

Si un ciudadano es testigo de un delito electoral puede reportarlo de inmediato en las siguientes instancias y/o entidades:

• Mesas de Justicia: En todos los puntos de votación hay una mesa de justicia con miembros de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación a la que el ciudadano puede dirigirse para advertir sobre la irregularidad.
• Fiscalía General de la Nación: A través de la página web dela entidad en el botón 'Denuncia Fácil' y llamando desde celular a la línea 122, o desde teléfono fijo a la línea nacional 01 8000 910 413.
• Ministerio del Interior: El ciudadano se puede dirigir a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia electoral (URIEL) en el email denunciasuriel@mininterior.gov.co y a la línea celular #623, o a la línea gratuita nacional: 01 8000 912 005.