El impresionante estado del ferry María Rosario, reflotado tras siete años de desidia chavista para ser vendido en jugoso negocio de chatarras
Lo que fue publicitado por el gobernador de Anzoátegui, Luis Marcano, como una labor para sanear Bahía de Pozuelos esconde uno de los negocios más lucrativos del chavismo: el de la chatarra.
Marcano publicó en sus redes sociales el ferry "María Rosario", que fue parte de la flota de Conferry, tomada y estatizada en septiembre del 2011, hundido hace siete años en el muelle Eulalia Buroz de Puerto La Cruz.
"Seguimos avanzando en el puerto Eulalia Buroz en el bahía de pozuelos de Puerto la Cruz, se ha reflotado una de las embarcaciones hundidas hace algunos años, una acción preparada durante 8 meses para lograr el saneamiento de los espacios, Vamos pa’ lante!", escribió el alcalde.
Algunos de sus seguidores le recuerdan quién es el responsable de la decadencia del país.
La muestra más evidente del deterioro que se extiende a lo largo y ancho del país es la ruina industrial, embarcaciones, vehículos, industria petrolera, etc.
Es ahí donde entra el negocio de venta de chatarras.
Desde 2018, la compra de chatarra es exclusiva del Gobierno, según decreto presidencial 3.586, alegando que es "material estratégico", por lo que creó la Corporación Ezequiel Zamora.
Ya para 2019, el medio Bloomberg publicó un reportaje en el que indica que el Gobierno venezolano le vendió a Turquía 27.800 toneladas de chatarra para conseguir dinero. El precio de la chatarra en el mercado internacional varía según el tipo de metal y la región.
Pero la chatarra de hierro y acero puede cotizarse alrededor de $287/t , la de aluminio puede estar en $1,995.00/t, mientras que el cobre puede alcanzar los $9,502.00/t. Otros metales como el latón, el acero inoxidable, el plomo, el zinc y el estaño también tienen sus propios precios de mercado, según el sitio especializados Metaloop.
Desde entonces, Venezuela exporta chatarra hacia India, Taiwán, Tailandia, Turquía, China, Ecuador, Bélgica y Holanda, a través de varias empresas, entre ellas Fundición y Procesadora Atlántica C.A., de las pocas con licencia para exportar chatarra.
Pero, ¿de quién es?
Según un extenso trabajo de investigación del portal Armando.Info., la empresa Fundición y Procesadora Atlántica C.A., es propiedad del coronel Alexander Granko Arteaga, director de la DGCIM, señalado por crímenes de lesa humanidad en los documentos que reposan en la Corte Penal Internacional, y en los informes del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
En las publicaciones del fiscal general del régimen, Tarek William Saab, así como en las del director del CICPC, Douglas Rico, aparecen con frecuencia detenciones de personas por "robo de material estratégico", o sustracción de este tipo de material, algo que ha sido tomado como un delito y un intento de "saboteo" del abandonado parque industrial venezolano.
Hoy reflotan el buque María Rosario, pero en las aguas venezolanas hay decenas de estos como el Rosa Eugenia, el buque Tallink 5, o el ferry Carmen Ernestina, que llevaron por décadas a miles de familias desde Puerto La Cruz a la Isla de Margarita, que seguramente serán sacados para el nogocio corrosivo.
