Penas de más de 1.300 años contra pandilleros en El Salvador: ¿justicia o propaganda del gobierno de Bukele?
La justicia de El Salvador condenó a 248 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a penas que alcanzan varios siglos de prisión, en lo que representa una de las sentencias más severas contra esta organización catalogada como terrorista por Estados Unidos.
Según la Fiscalía salvadoreña, uno de los pandilleros recibió una condena de 1.335 años de cárcel, marcando un precedente en la lucha contra el crimen organizado en el país centroamericano.
Los condenados fueron encontrados culpables de 43 homicidios, 42 desapariciones de personas, extorsión y tráfico de drogas, crímenes cometidos entre 2014 y 2022. Entre las víctimas se encuentran un estudiante universitario y una futbolista.
La Fiscalía detalló que los pandilleros establecieron bases en diferentes sectores de la Provincia de La Libertad, desde donde planificaban sus actividades delictivas.
Desde marzo de 2022, el gobierno del presidente Nayib Bukele implementó un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial como medida para combatir a las pandillas. Esta estrategia ha resultado en la detención de más de 90.000 personas, de las cuales aproximadamente 8.000 fueron liberadas por ser inocentes, según cifras oficiales.
La política de seguridad de Bukele ha logrado reducir los homicidios a niveles históricos en El Salvador, un país que durante años fue considerado uno de los más violentos del mundo. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han denunciado abusos sistemáticos por parte de las fuerzas de seguridad y cuestionan el margen de error en las detenciones.
Expertos consultados sobre estas condenas coinciden en que representan tanto un mensaje político como una herramienta judicial.
El abogado y criminólogo Misael Rivas explicó que, aunque las penas suman siglos, en la práctica se cumplen de manera consecutiva con un máximo de 60 años por delito, evitando así la prohibición constitucional de prisión perpetua en El Salvador.
Por su parte, el analista político Carlos Hoffman advirtió sobre el equilibrio entre seguridad y libertades democráticas: "El problema es cuánta excepción puede haber y cuánta radicalidad desde el punto de vista de la gestión penitenciaria". Hoffman señaló que, si bien el modelo funciona en El Salvador, existe el riesgo de que sea mal imitado en otros países de la región.
A su vez, Roberto Villate, exdiputado guatemalteco, planteó interrogantes sobre la sostenibilidad del modelo: "¿Qué va a pasar cuando Bukele se vaya de El Salvador? ¿Va a dejar ordenado todo en su salida?". Villate reconoció que en Guatemala existe demanda ciudadana por mayor seguridad, pero cuestionó la continuidad del sistema sin su actual líder.
El presidente Bukele ha defendido públicamente su estrategia, incluso respondiendo a críticas internacionales. Ante señalamientos de la ex secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton sobre supuestas torturas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), Bukele ofreció liberar a todos los prisioneros si algún país está dispuesto a recibirlos, con la condición de que sean todos sin excepción.
El Salvador ha registrado un incremento significativo en turismo y actividad económica desde la implementación de estas medidas de seguridad. El gobierno argumenta que la primera piedra para el desarrollo de cualquier sociedad es la seguridad, sin la cual no puede haber progreso económico, educativo ni social.
